Los sindicatos se manifestarán ante la Eurocámara para impedir que la directiva rebaje las condiciones laborales de los trabajadores
BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La polémica directiva para liberalizar la prestación de servicios en la Unión Europea, conocida por el nombre del anterior comisario de Mercado Interior, Fritz Bolkenstein, pasará esta semana su primer examen en la Eurocámara.
A falta de la decisión final que adopte el Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), dividido sobre el principio de acuerdo alcanzado con los socialistas para eliminar los puntos más controvertidos de la normativa, es más que probable que el texto salga airoso en la votación que tendrá lugar el jueves.
El debate se iniciará el martes en el interior del hemiciclo mientras en el exterior los sindicatos europeos exigirán a los eurodiputados cambios en el proyecto inicial de la directiva, para impedir un posible deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.
La principal reivindicación es que se elimine el principio de 'país de origen', que permitiría, por ejemplo, a una empresa polaca instalada en Francia aplicar la legislación de Polonia, con el consiguiente temor de que los derechos de los trabajadores se vean mermados o se fomente aún más la deslocalización empresarial.
Según el compromiso alcanzado por los dos principales grupos de la Eurocámara este principio desaparece y se sustituye por una alusión general sobre las medidas para facilitar la libre prestación. Además, se pedirá a los Estados miembros eliminar las barreras a la prestación de servicios pero al mismo tiempo le dejarán cierto margen de maniobra para intervenir.
Así, la directiva no afectaría a los servicios económicos de interés económico general, ni a la privatización de empresas públicas prestadoras de servicios. Tampoco tendría aplicación sobre los monopolio ni las ayudas concedidas por los Estados miembros que estarían sujetas las reglas de la competencia.
De igual forma, deja libertad a los países para definir, de acuerdo a su legislación, lo que consideran servicios de interés económico general, cómo se deben organizar dichos servicios y qué obligaciones concretas deben cumplir.
Uno de los puntos que hace peligrar el acuerdo entre socialistas y populares es el relativo a la posibilidad que se da a los Estados miembros de no aplicar la directiva cuando se trate de servicios relacionados con la protección al consumidor, política social, protección medioambiental y salud pública.
ESTRATEGIA DE LISBOA
La directiva forma parte de la estrategia liberalizadora diseñada en Lisboa hace seis años y pretende facilitar la prestación de servicios, tanto mediante el establecimiento de empresas en otro Estado miembro como mediante la prestación del servicio sin estar radicado en el país.
En las enmiendas acordadas se deja claro que la nueva norma "no afectará al derecho laboral ni, en particular, a las disposiciones relativas a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho de llevar a cabo acciones sindicales y el derecho a establecer convenios colectivos". Tampoco afectará a las legislaciones nacionales de seguridad social.
Además, cuando la prestación de servicios implique desplazamiento de trabajadores, se seguirán las disposiciones previstas en una directiva previa que regula a nivel europeo esta cuestión.
La directiva se aplica, en regla general, a todo servicio ofertado por un prestador establecido en un Estado miembro, tanto de empresas a empresas como de empresas a consumidores. Por ejemplo, servicios de consultoría; mantenimiento de oficinas; servicios de seguridad; publicidad; agencias inmobiliarias; construcción; alquiler de coches; agencias de viaje; asesoría legal o fiscal; salud; asistencia social; guarderías; turismo y servicios audiovisuales.
Cuando la prestación de servicios en otro Estado miembro implique el desplazamiento de trabajadores, las condiciones de empleo y trabajo estarán regidas por lo contemplado en una directiva previa sobre el desplazamiento de trabajadores, que supone respetar las normas sociales y laborales del Estado de acogida.
MENOS BUROCRACIA
En cualquier caso, e independientemente del voto del jueves, lo que el texto prevé y sobre lo que hay acuerdo parlamentario es una mejor cooperación entre las administraciones nacionales para eliminar trabas burocráticas a la libre prestación de servicios. Se quiere, por ejemplo, aumentar las competencias para que la llamada 'ventanilla única' facilite las cosas a empresas y autoridades.
De salir el jueves adelante en Estrasburgo, la directiva deberá luego ser aprobada en el Consejo de Ministros, donde puede tropezar con el rechazo de los nuevos socios. Luego deberá volver a pasar por la Eurocámara en segunda lectura.
