Mogherini insta a Gobierno y oposición a reanudar las negociaciones y ofrece apoyo a una transición negociada
BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)
Los Veintiocho han impuesto este viernes sanciones a siete agentes de la Inteligencia venezolana por "graves violaciones de los Derechos Humanos", incluido torturas, uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos, cuatro de ellos directamente implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, que murió en junio bajo la custodia de las autoridades venezolanas.
Las sanciones --que implican la congelación de sus bienes y activos bajo jurisdicción europea y la prohibición de entrada en la UE y han sido aprobadas formalmente este viernes por los Veintiocho-- han entrado en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial europeo.
En concreto, el bloque ha sancionado al mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Blanco Hurtado, al director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Rafael Ramón Blanco Marrero, uno de los cuatro agentes relacionados directamente con la muerte del capitán Acosta, y al alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Carlos Calderón, así como al jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) Alexis Enrique Escalona Marrero, que fue jefe del Comando Nacional de Secuestros.
Los Veintiocho también han sancionado a otros tres mandos responsables de la muerte del capitán Acosta. Se trata de los agentes del SEBIN Rafael Antonio Franco Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares, que ejercieron ambos como jefes de Investigación de la DGCIM, y del director de Asuntos Especiales de la
DGCIM, Alexander Enrique Granko Arteaga.
La UE ya denunció "la trágica muerte del capitán Acosta mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela" como "un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los Derechos Humanos" en el país y respaldó los hallazgos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en cuyo reciente informe "confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas de Venezuela".
"A la luz de la grave situación que persiste en Venezuela, de la que también ha informado la ACNUDH, y la responsabilidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos, en particular la tortura, cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de Inteligencia de Venezuela en apoyo al régimen, siete personas deben ser incluidas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas", han justificado los Veintiocho en el texto jurídico.
En una declaración previamente consensuada con los Veintiocho, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha asegurado que "no puede ignorarse" la "grave situación" denunciada por la ACNUDH y ha instado de nuevo a Caracas a cumplir "plenamente" sus recomendaciones, tras respaldar, una vez más sus esfuerzos para proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los venezolanos.
"El desmantelamiento de los mecanismos institucionales de control y equilibrio ha erosionado la democracia y el Estado de Derecho, mientras la represión, incluida contra miembros de la Asamblea Nacional y graves violaciones de los Derechos Humanos se producen con impunidad", ha denunciado la jefa de la diplomacia europea.
La UE ha admitido "preocupación" por la suspensión "temporal" de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición auspiciadas por Noruega y ha instado a las partes a reanudar un proceso de negociación "inclusivo, creíble y serio", sobre la base de la agenda ya acordada, al tiempo que ha reiterado su "voluntad" de contribuir a promover "las condiciones que lo permitan".
En este contexto, la Unión mantiene que "una transición negociada que lleve a elecciones presidenciales transparentes y con supervisión internacional, la restitución de los poderes públicos y un paquete de garantías que permitan la coexistencia política" son "esenciales" para superar la crisis venezolana y ha reiterado su voluntad de "trabajar en más medidas dirigidas para alentar tal transición negociada".
En el plano humanitario, Mogherini ha insistido en la urgencia de resolver la "emergencia social y humanitaria" en el país, dejando claro que las sanciones de la UE "no afectan a la población y pueden revertirse" en caso de que haya "avances" para resolver la crisis.
La Unión ve "vital" aumentar y acelerar la asistencia para los venezolanos, dentro y fuera del país, motivo por el cual acogerá a finales de octubre una conferencia internacional de solidaridad con los refugiados venezolanos en Bruselas, que coorganizará con ACNUR y la OIM.
Con esta decisión, el número de altos cargos venezolanos, políticos y militares, sancionados por la UE se eleva a 25, entre ellos el número dos del 'chavismo' y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Los Veintiocho impusieron en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos. Las sanciones han sido prorrogadas, un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019.
