BRUSELAS, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea ha asegurado este jueves que "toma nota" de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ha ordenado a Birmania que "adopte todas las medidas que estén en su poder" para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría musulmana rohinghya.
La Corte se ha pronunciado así tras la denuncia presentada por Gambia contra el Gobierno que dirige Aung San Suu Kyi por la represión contra los rohingyas y que había pedido medidas cautelares a la espera de que la corte dicte un veredicto.
El club europeo considera que Birmania "debe garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por algunas de sus fuerzas militares y de seguridad", y, a la vez, insiste en que el país asiático tiene que garantizar la protección de todos los civiles y el acceso a las labores humanitarias.
De esta forma, la UE toma nota de las medidas impuestas por la CIJ "que van en la misma dirección" que la posición del bloque y recalca que Birmania tiene que aplicar en "su totalidad" estas medidas cautelares decretadas por la Corte, ya que, recuerda, su aplicación es "obligatoria" bajo el marco del Derecho Internacional.
En un comunicado de la oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se urge a Birmania a atajar el conflicto desde las raíces del mismo en los estados del oeste del país, entendiendo que la rendición de cuentas de los responsables de la violación de derechos humanos es parte "necesaria" de este proceso.
También insta a Rangún a "crear las condiciones" para que se produzca un retorno "digno, seguro y sostenible" para los miembros de esta la comunidad que deseen volver al país.
FALLO DE LA CIJ
En su decisión de este jueves, la CIJ exige a Birmania que evite que las fuerzas de seguridad maten a miembros del grupo étnico, les provoquen daños físicos o mentales graves, les sometan a condiciones de vida calculadas para provocar su "destrucción física en todo o en parte" e impongan medidas para evitar nacimientos de rohingyas. Además, establece que el Gobierno deberá evitar la destrucción de cualquier prueba de dichos crímenes y preservar las existentes.
De la misma manera, el Gobierno birmano deberá presentar un informe en un plazo de cuatro meses detallando las medidas que ha adoptado para acatar el fallo, y seguirlo haciendo cada seis meses hasta que la CIJ emita su veredicto final.
Esta es la primera vez que un país denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio. El paso, resultado de la implicación personal del ministro de Justicia gambiano, Aboubacarr Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox's Bazar y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio de 1994 en el país africano, cuenta con el respaldo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
