Las dos grandes formaciones de la Eurocámra logran un principio de acuerdo para suavizar el texto
BRUSELAS, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado una manifestación el próximo martes, día 14 de febrero, en Estrasburgo coincidiendo con el debate que celebrará el Parlamento Europeo (PE) sobre la polémica Directiva de Servicios elaborada por el antiguo comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein.
Los convocantes calculan que habrá unos 25.000 trabajadores llegados de media Europa y que las delegaciones más numerosas serán la alemana y la francesa, seguidas de la italiana, belga y luxemburguesa.
En el caso español, los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO) y el sindicato vasco LAB se han sumado a la manifestación y, según fuentes de la CES podrían acudir a Estrasburgo.
Aunque algunos de los aspectos más controvertidos de la propuesta han sido eliminados o suavizados tras un principio de acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias de la Eurocámara (PPE y PSE), los sindicatos quieren presionar a los eurodiputados para incorporen los cambios que consideran "cruciales" en beneficio de los trabajadores y los consumidores europeos.
Así, reclaman que se excluya la legislación laboral del campo de aplicación de la directiva y que se reconozca el derecho fundamental a la negociación colectiva y a la acción sindical.
Quieren también que los servicios "sensibles" como las agencias de trabajo temporal, de seguridad privada y los de interés económico general no se incluyan en la propuesta y sean objeto de un reglamento específico de la Unión Europea.
PAIS DE ORIGEN
La CES, según explicaron hoy en rueda de prensa algunos de sus representantes, reivindica la supresión del concepto 'país de origen', en virtud del cual la empresa que presta el servicio estaría sometida a la legislación laboral del país de origen. Es decir, una empresa polaca que ofreciera sus servicios en Alemania podría aplicar la normativa polaca.
Representantes del PPE y de los socialistas europeos alcanzaron ayer un principio de acuerdo para eliminar del texto legal este principio y establecer numerosas excepciones.
La raíz del problema estriba en que los nuevos socios europeos tienen legislaciones más suaves que los antiguos Estados miembros en materia social y medioambiental y la posibilidad de aprobar la directiva tal y como la planteó Bolkenstein levantó ampollas en países como Francia o Bélgica.
Los sindicatos europeos se siguen oponiendo a la directiva Bolkenstein, pero saludan los progresos en las negociaciones para enmendar la propuesta.
EQUILIBRIO
El Parlamento Europeo se pronunciará el martes y votará el jueves la directiva que persigue eliminar obstáculos a la prestación de servicios entre los Estados miembros.
Las enmiendas introducidas por la comisión de Mercado Interior buscan un mejor equilibrio entre la libre competencia y los derechos de los trabajadores, refuerzan los aspectos sociales, aceptan con matices el principio de país de origen y amplían la gama de servicios que no estará cubierta por la directiva.
Propuesta por la anterior Comisión Europea en enero de 2004, introduce un marco jurídico para facilitar la prestación de servicios de tal forma que, por ejemplo, una consultora establecida en Reino Unido puede optar por establecerse en España o bien proporcionar el servicio desde el Reino Unido.
Estas libertades ya estaban reconocidas en los Tratados, pero la Comisión consideró que había demasiados obstáculos administrativos que impedían en la práctica la libre prestación de servicios.
DERECHO LABORAL
En las enmiendas introducidas se deja claro que la nueva norma no afectará al derecho laboral ni a las disposiciones relativas a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho a las acciones sindicales y a establecer convenios colectivos.
Tampoco afectará a las legislaciones nacionales de seguridad social ni a las medidas para proteger la diversidad cultural o lingüística o el pluralismo de los medios de comunicación. No implicará, asimismo, la liberalización o privatización de servicios que no estén liberalizados.
Además, cuando la prestación de servicios implique desplazamiento de trabajadores, se seguirán las disposiciones previstas en una directiva previa que regula a nivel europeo esta cuestión.
