BRUSELAS, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) confirmó hoy la decisión que adoptó la Comisión Europea en febrero de 2004 de obligar a España a devolver más de siete millones de euros del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) que se destinaron entre 1999 y 2002 a la transformación de tomate debido a las irregularidades que constató en los controles a algunas empresas del sector.
El TUE desestimó este miércoles el recurso que interpuso España contra la decisión del Ejecutivo comunitario de corregir el 10% de la ayuda a la producción destinada a los transformados de tomates de los ejercicios financieros de 1999 a 2002, una cantidad que asciende a 7.314.117 euros. Los motivos esgrimidos fueron las "insuficiencias de los controles cualitativos de los productos manufacturados".
La sentencia hecha pública hoy explica que corresponde a la Comisión Europea controlar el buen uso de los fondos asignados a cada Estado miembro y, llegado el caso, excluir a los mismos de la financiación comunitaria si se comprueba que los gastos no se han efectuado de acuerdo a las normas de la UE. Antes de tomar una decisión en firme, Bruselas puede implicarse en un proceso de conciliación con el país afectado.
Por su parte, corresponde a los Gobiernos europeos adoptar las medidas necesarias para asegurarse de la regularidad de las operaciones financiadas por el FEOGA, prevenir y perseguir las irregularidades y recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o negligencias.
En concreto, la sentencia recuerda que "en cada campaña de comercialización, las autoridades competentes verificarán los registros de los transformadores y, mediante muestreo, efectuarán controles ' in situ' sobre un número de solicitudes de ayuda equivalente al 25 %, como mínimo, de las cantidades de los productos acabados".
Por lo que respecta a los tomates españoles, la sentencia recuerda que en octubre de 2000 la Comisión realizó una visita de inspección a España, de la que concluyó que, "debido al procedimiento seguido por las autoridades españoles" y a "la diferencia de frecuencia en los controles entre las empresas seleccionadas", éstas "podían saber, desde el inicio de la campaña, si formaban o no parte" de la muestra.
Bruselas añadía que las empresas que no formaban parte de la muestra sabían que "no serían objeto de un control completo 'in situ' que incluyese un análisis de calidad de sus productos acabados".
Estimó que esta práctica contravenía las normas relativas a la dotación de fondos y propuso en enero de 2003 excluir de la financiación comunitaria una parte de los gastos afectados, correspondientes a una corrección del 10% de su importe total, cantidad que en febrero de 2004 cifró en 7.314.117 euros.
Frente a esta decisión España reclamó un procedimiento de conciliación que le dio la razón, pero Bruselas insistió con una corrección que hoy confirmó como buena el TUE.
