MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha recriminado a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que antepongan las leyes migratorias a las necesidades de protección y servicio de los niños solicitantes de asilo, lo que contravendría las obligaciones internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El informe '¿Protegidos sobre el papel?', elaborado a partir de una investigación del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, pone en cuestión el cumplimiento de los protocolos humanitarios en los países nórdicos y el riesgo que conlleva para los menores de edad, tanto a nivel burocrático como de servicios básicos.
El estudio se basa en análisis legales, evaluación práctica de los procedimientos y entrevistas con expertos y plantea, entre otras conclusiones, que son en muchos casos los funcionarios de inmigración quienes terminan tomando decisiones clave en materia de atención a los niños, en lugar de especialistas en protección infantil. El interés superior del niño, por tanto, no queda siempre garantizado, ni se aplica siempre la misma evaluación para todos los menores que solicitan asilo.
Asimismo, el análisis ha permitido identificar una tendencia por parte de los servicios locales a coordinar, comunicar y aplicar los principios y normas nacionales de una manera deficiente, según un comunicado de UNICEF, que ha insistido en la defensa de la tutela como "mecanismo clave" de protección para personas especialmente vulnerables.
"En algunos casos no hay cortafuegos suficientes entre el sistema de tutores y los servicios de inmigración. Las entidades de protección infantil deberían impulsar el establecimiento de procedimientos claros para reclutar, formar, supervisar y dar apoyo a los tutores", ha subrayado la agencia en su nota.
UNICEF también ha echado en falta que los niños solicitantes de asilo tengan oportunidad de que sus voces sean escuchadas, como sí ocurre en términos generales cuando se trata de la infancia en los países nórdicos. Se han dado casos de detención durante breves periodos o devoluciones a la fuerza con las familias.
En materia de atención médica, el alcance total de los servicios varía "ampliamente" en función de los distintos países y regiones, lo que contribye a que "los derechos no siempre están claros para los pacientes ni para los médicos", mientras que "las barreras legales y administrativas" lastran la incorporación de estos niños al sistema educativo.
RECOMENDACIONES
La directora del Centro de Investigaciones Innocenti, Sarah Cook, ha advertido de que los casos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia representan "un poderoso recordatorio debe tomarse en serio el compromiso de proteger los derechos de todos los niños, independientemente de su estatus migratorio o de asilo", habida cuenta de que los países nórdicos arrestan "una merecida buena repetición" al respecto.
Una especialista de migración en el Centro de Investigaciones de UNICEF, Bina D'Costa, ha insistido en que "no se puede permitir que estos niños que solicitan asilo en los países nórdicos estén en una especie de limbo". En este sentido, ha señalado que "la falta de coordinación o la falta de información y transparencia sobre dónde y cómo pueden acceder los niños a servicios esenciales no debería evitar que reciban el apoyo y atención urgentes que merece todo niño".
El informe plantea una serie de recomendaciones, entre las que figura la defensa de la Convención Sobre los Derechos del Niño por encima de cualquier ley de migración y asilo, así como la necesidad de que exista un "compromiso explícito" para que los menores que solicitan asilo estén sujetos a las mismas normas y derechos que el resto de niños.
También se insta a que las autoridades de protección infantil asuman "inmediatamente" todos los casos de niños demandantes de asilo y que estos dispongan de tutores y representantes legales, así como a que no tengan barreras para empezar a ir a clase o recibir atención sanitaria --"incluida la atención a salud mental"--.
La lista de ideas se completa también con la eliminación del requisito de residencia para los usuarios de los servicios e instalaciones de protección infantil, de tal forma que sean "accesibles para las mujeres y niños demandantes de asilo cuando lo necesiten".
