HRW denuncia el silencio internacional por la importancia estratégica de la ex república soviética
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La importancia estratégica de Uzbekistán ha motivado que gran parte de la comunidad internacional se haya abstenido de criticar las manifiestas deficiencias en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar hoy en la ex república soviética, donde el presidente, Islam Karimov, cuenta con el apoyo de absolutamente todos los partidos que se presentan a estos comicios en un país calificado en numerosas ocasiones como uno de los regímenes más represivos del mundo, según ONG pro Derechos Humanos.
Uzbekistán está convirtiéndose en un escenario de gran importancia en la guerra de Afganistán, del que es país vecino. Desde la llegada al poder del presidente estadounidense Barack Obama, Estados Unidos ha intentado reactivar sus relaciones con el Gobierno uzbeco con el doble objetivo de asegurar una vía de suministros y bloquear la huída de los guerrilleros talibán a través de la frontera con esta ex república soviética, que en 2005 congelaba relaciones con Washington tras la condena a la llamada Masacre de Andiyán.
UNA MASACRE EN EL LIMBO
El precedente directo de la masacre fue el arresto de 23 empresarios uzbecos, algunos de ellos miembros de la autoproclamada organización islámica "caritativa" Akramiya, catalogada de "extremista y radical" por expertos de la universidad Johns Hopkins.
La noche del 12 de mayo, entre 50 y 100 hombres armados liderados por Sharifjon Shokirov, hermano de uno de los detenidos, atacaron una sede local de la Policía y unos barracones militares antes de dirigirse a la prisión de Andijian para liberar a los empresarios.
El asalto fue brutal: tres guardias perdieron la vida y más de 500 prisioneros escaparon de la cárcel. Tras el ataque, los asaltantes sembraron el caos en su camino hacia la sede del Gobierno regional uzbeco (el hokimiat), donde convocaron una manifestación de protesta frente al edificio, en la plaza Bobur, donde al día siguiente ya estaban concentradas más de 10.000 personas.
A partir de ese momento, las fuerzas de seguridad intervinieron para disolver la protesta, iniciando una cadena de tiroteos que se extendió rápidamente por toda la ciudad y que cobró la vida de entre 180 --según fuentes oficiales-- y 1.500 personas --según disidentes uzbecos--.
El Gobierno uzbeco ha eludido toda responsabilidad en la masacre, acusando a los "terroristas islámicos" de emplear a la población civil como escudos humanos, mientras que organizaciones pro Derechos Humanos como Human Rights Watch y, en especial la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), han denunciado "el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad que desembocaron en gravísimas violaciones de los Derechos Humanos".
Durante los últimos cuatro años, el Gobierno uzbeco asegura haber adoptado "más de 300 leyes destinadas a la regulación de los derechos y de las libertades básicas del pueblo" que alcanzaron un punto culminante en 2008 con la abolición de la pena de muerte por orden del presidente Karimov.
En respuesta, la Unión Europea (UE) aprobó el pasado mes de octubre final del embargo de armas, la más simbólica de la serie de sanciones que impuso a Uzbekistán en 2005 en respuesta a la masacre, desoyendo las críticas al respecto pronunciadas por ONG pro Derechos Humanos, que mantienen que el estado de las libertades civiles en el país sigue siendo, a día de hoy, "atroz", según HRW.
COMPLICIDAD ESTRATÉGICA
Organizaciones de Derechos Humanos y expertos en política internacional denuncian que la complicidad internacional ante las violaciones de la libertad de expresión y prensa en Uzbekistán se atribuye a su cada vez mayor importancia en el plan estratégico para Afganistán. Aprovechando esta coyuntura, HRW denuncia un incremento previo de las redadas contra disidentes en los días previos a los comicios.
"Estas redadas preelectorales son tan estremecedoras como previsibles. Lo que no debería ser tan previsible es la respuesta internacional. Los socios de Uzbekistán deben levantar la voz y pedir el fin inmediato de estos abusos", declaró la directora de la ONG para Europa y el centro de Asia, Holly Cartner.
Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán y Tayikistán conforman la llamada Red de Distribución Norte por la que Estados Unidos traslada equipos y suministro a sus tropas en Afganistán. El comandante del Mando Central del Ejército estadounidense, David Petraeus, ha llegado a visitar Uzbekistán en al menos dos ocasiones este año para incentivar la relación bilateral, sobre todo después de las tensiones entre Washington y la vecina Kirguistán sobre el uso de la base aérea de Manas.
Esta relación ha sido duramente criticada por expertos en política internacional. Los países que conforman la red son, en su mayoría "estados autoritarios donde se manifiestan casos de despotismo y nepotismo y en los que se asfixia cualquier tipo de espacio para la autonomía política". según declaró al 'Washington Post' el miembro del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, Stephen J. Blank.
En palabras del director del programa para Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Andrew Kuchins, Uzbekistán empleará la mejora de las relaciones con Washington en un "instrumento para legitimar su criticado régimen, y actuará como contrapeso a las ambiciones militares de Rusia en el centro de Asia", en declaraciones al diario 'Financial Times'.
SILENCIO Y DESINTERÉS
"El pesimismo se percibe en todas partes", declaró el activista independiente Surat Ikramov a Reuters. "No me espero nada bueno de estas elecciones. Todo el mundo está callado, como siempre", añadió. En Uzbekistán, añade, no existen partidos de oposición y la mayoría de los políticos liberales y los activistas están o bien encarcelados, o bien exiliados en el extranjero.
A los comicios de hoy comparecen cuatro partidos que se repartirán los 150 escaños de la Cámara Baja del Parlamento: el Partido Democrático del Pueblo, El Partido Democrático por la Justicia Social, el Partido Liberal Democrático y el Partido de Regeneración Nacional. Todos ellos han jurado lealtad al presidente Karimov.
Los partidos de oposición tienen prohibido registrar sus candidatos, según HRW, y la OSCE se ha negado a enviar observadores a unos comicios porque el país no ha seguido ninguna de sus recomendaciones. "El actual espectro político", concluyó la OSCE en su informe del pasado mes de octubre, "no ofrece al electorado una opción genuina entre alternativas políticas".
En respuesta, el Gobierno uzbeco asegura que la legitimidad de las elecciones estará garantizada por más de 270 observadores internacionales, entre ellos comisionados de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), quienes han atestiguado "la mejoría de la legislación nacional electoral, que garantiza la libertad de expresión de la voluntad ciudadana y su cumplimiento de los más altos estándares democráticos", según declaró el presidente del Comité Ejecutivo de la CEI, Sergey Lebedev a la agencia nacional uzbeca de noticias, UZA.
