CARACAS, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno venezolano destituyó hoy a su representante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por firmar indemnizaciones para cuatro ex miembros del grupo terrorista vasco ETA, y colaborar para agilizar los trámites de nacionalización de otros dos ex etarras, sin consultar a las instancias de su país.
El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que el acuerdo por el que se concedían indemnizaciones a los ex etarras era desconocido en "todas sus partes" por el Gobierno del país iberoamericano y que "no fue consultado cuando se firmó en el mes de junio" al ministro titular de Exteriores.
Maduro añadió que hoy mismo se notificó al Gobierno de España y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la decisión de destituir a su representante tras el error cometido.
Dijo que el representante de Venezuela ante la Corte Interamericana, a quien no identificó, "fue removido de su cargo" por ese caso, y otros hechos en los que "se determinó que nunca consultó a su instancia jerárquica superior, que es el ministro".
El jefe de la diplomacia venezolana señaló que el abogado y miembro de la organización de Derechos Humanos PROVEA, Marino Alvarado, presentó una acusación contra el Estado venezolano por "haber violado supuestamente los derechos humanos por haber extraditado" a los ex etarras a España.
Maduro atribuyó a "algún sector de la derecha española" la difusión que hizo la prensa española a principios de diciembre sobre las supuestas indemnizaciones y el otorgamiento de nacionalidades a los ex etarras. "Con España tenemos unas relaciones directas de comunicación", agregó.
De acuerdo a las cifras de las autoridades a Venezuela unos 30 presuntos etarras llegaron al país en calidad de 'refugiados' bajo los Gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1974 -1979 y 1989 -1993).
