CARACAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), mostró este domingo su rechazo a la medida del Gobierno venezolano de prohibir la emisión de RCTV por un supuesto incumplimiento de este canal de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
La OEA mostró su desacuerdo con esta medida, denunció la supuesta irregularidad del proceso de cierre de la cadena de televisión, extremadamente crítica con el Ejecutivo del presidente del país, Hugo Chávez, y exigió a Caracas que restablezca las garantías a la libertad de expresión consagradas en la Constitución de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó a través de un comunicado que la prohibición a RCTV de seguir emitiendo por su supuesta vulneración de las leyes audiovisuales venezolanas "equivale, para todos los efectos, al cierre del medio", informa el diario venezolano 'El Nacional'.
"Esta decisión, en consecuencia, tiene enormes repercusiones en cuanto al derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, debe cumplir con todas las garantías consagradas en la ley, la Constitución venezolana y los tratados de los cuales la República Bolivariana de Venezuela es parte", expresa el comunicado.
La nota pone en duda la limpieza del proceso legal que llevó al cierre de RCTV, pues sostiene que para que éste sea legítimo "es necesario que, previo el agotamiento de un debido proceso, un órgano estatal independiente e imparcial verifique que se cometió una falta claramente establecida en la ley y que la autoridad de aplicación de la ley motive de manera adecuada y suficiente la correspondiente decisión. Estas garantías mínimas del debido proceso no pueden ser soslayadas bajo el pretexto de que se trata de un canal de televisión por cable".
"En el presente caso, los canales que fueron sacados intempestivamente del aire no han tenido la oportunidad de defenderse en un proceso debido y frente a una autoridad imparcial. A estos canales se les aplicó una sanción de plano, sin las garantías mínimas del debido proceso y sin que las leyes venezolanas consagren esta alternativa", señala el comunicado.
"Con esta decisión, se profundiza el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, al impedir que medios de comunicación que eran transmitidos por cable puedan seguir operando de manera independiente, sin miedo a ser silenciados por su enfoque informativo o su opinión editorial", dice la nota
Por último, los autores del informe, el Comisionado para Asuntos de Venezuela, Paulo Sérgio Pinheiro, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, destacan que las autoridades venezolanas deben garantizar "las garantías de funcionamiento libre de los medios de comunicación" para que sea posible "un debate democrático plural y desinhibido".
