22 de noviembre de 2019
18 de octubre de 2019

La violencia contra las mujeres políticas no da tregua en Bolivia

El país cuenta con una ley pionera en el mundo desde 2012 pero ni siquiera eso garantiza justicia a las víctimas

  • La violencia contra las mujeres políticas no da tregua en Bolivia
Bertha Quispe, Alcaldesa De Collana, BoliviaHÉCTOR ESTEPA

LA PAZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bolivia es uno de los países con el mayor porcentaje de mujeres diputadas y concejalas del mundo, gracias a una legislación, introducida hace una década, que obliga a las formaciones políticas a presentar a una mujer por cada hombre como candidatos a los puestos de elección popular.

Pero, a pesar de la mayor representación femenina, el país registra unas cifras preocupantes de violencia hacia las mujeres políticas.

"Una noche me agarraron y me golpearon. Fueron unos encapuchados. No me robaron. Un ladrón te roba, pero ellos no lo hicieron. Fue un mensaje silencioso para que yo deje de gobernar. Ni siquiera me lastimaron el rostro. Sólo el cuerpo. Como advirtiéndome de que, si yo seguía dirigiendo, iba a sufrir mayores consecuencias"

Las palabras son de Bertha Quispe, alcaldesa del municipio de Collana, profundo en el extenso altiplano boliviano, y cuya economía se basa en la agricultura, la ganadería, y la actividad de una mina cercana.

Los problemas para Quispe, de 32 años, iniciaron, cuenta, cuando intentó regularizar la situación de la cooperativa minera, a través de la expedición de licencias ambientales. Después de varios días de protesta y malestar, varias personas tapiaron la puerta de la alcaldía para evitar la entrada de la alcaldesa.

Quispe cree que ser mujer, y joven, fue una de las causas principales del rechazo de parte de la ciudadanía de Collana --5.000 habitantes-- durante su mandato, que finaliza en 2020.

"Me di cuenta de que me atacaban por ser mujer, sobre todo por los insultos. Una de las frases más usadas era ¿Cómo una mujer joven nos va a dirigir?", comenta en su despacho la alcaldesa, que representa al Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales.

"Los varones concejales te hacen de lado. No te obedecen. El hombre siempre quiere ser superior, tener la razón y llevar la batuta", señala, mirando a su alrededor en el humilde despacho, donde hay una ventana que da a las blancas montañas lindantes con el imponente altiplano. "Hoy teníamos que estar reunidos, pero no están", lamenta Quispe.

Las políticas no sólo sufren violencia física, sino también presión social y estigmatización que acaba derivando en su renuncia, sobre todo en zonas rurales donde el 'qué dirán' es más relevante.

"Yo soy soltera, y han llegado a decir que tenía un bebé de un hombre del que me separé, y más cosas personales", lamenta Quispe, que ejerce su cargo gracias a un amparo constitucional.

UNA LEY PIONERA PARA PROTEGER A LAS MUJERES EN LA POLÍTICA

Ella pudo denunciar su caso gracias a la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, aprobada en 2012 y pionera en todo el mundo.

Pero ni siquiera la moderna legislación garantiza justicia. Quispe desistió de la causa, a los pocos días, para conseguir la liberación de tres personas secuestradas en su pueblo con el objetivo de forzar, precisamente, que retirase la denuncia. "Si no desistía, los mataban. Estuvieron tres días secuestrados. Una concejala, y dos hombres. Lo hice por conciencia", asegura.

El fracaso en los tribunales, por una u otra causa, no es la excepción, sino la norma. "A pesar de que la ley 243 está vigente desde 2012, aún no tenemos una sola sentencia condenatoria, ni de acoso, ni de violencia. Se avanza en algunos casos, pero hay cuellos de botella", apunta Sandra Silva, abogada de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), que ofrece asesoramiento legal a políticas afectadas por acoso o violencia. "La Justicia es lenta y hay problemas de influencias, porque se está acusando a diputados y alcaldes", añade.

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"Es difícil también presentar testigos, porque entre compañeros de trabajo es muy difícil que uno testifique contra el otro, y más en lugares pequeños, ya que, o se conocen personalmente, o son familiares, tíos, primos...", destaca.

La ley 243 fue expedida tras la muerte, en 2012, de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes, que fue asesinada después de haber recibido amenazas y agresiones durante meses. Le llegaron a tirar cemento en los ojos.

Siete años después, no se ha abierto juicio oral contra los principales imputados, el ex alcalde Félix Huanca (MAS) y dos concejales.

Acobol registró 64 denuncias por acoso y violencia política en 2017. El año siguiente recibió 117 casos y, en 2019, hasta el 17 de octubre, anota 78 denuncias.

"Ese dato, eso sí, no es tan real, porque cuando vamos a las capacitaciones y preguntamos a las concejalas si han sufrido acoso trabajando, la mayoría, un 90 por ciento, declara que sí, pero no han denunciado", destaca la abogada Silva.

POR CADA MUJER ELECTA TIENE QUE HABER UN SUPLENTE VARÓN

En Bolivia, según la ley que garantiza paridad en los cargos electos, si el titular de un puesto es mujer, su suplente tiene que ser hombre. Ese mecanismo propicia que parte de las concejalas reciban presiones para renunciar y que su puesto sea ocupado por el varón.

También se firman, en ocasiones bajo presión, compromisos de alternancia en el cargo a mitad de mandato, más frecuentes en el caso de la mujer que deja su puesto al hombre, según las expertas.

"Se dan también problemas serios cuando las mujeres fiscalizan a su gobierno municipal y señalan lo que no se hace bien. Muchas autoridades, patriarcales y machistas, no se dejan fiscalizar. Eso se traduce, si las compañeras se resisten, en maltrato, acoso e incluso retención de salarios", comenta Bernarda Sarué, directora ejecutiva de Acobol.

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Otras prácticas de acoso registradas por la asociación incluyen la prohibición de tener acceso a tierras de cultivos a las concejalas de zonas rurales, y acciones de desprestigio.

"Tenemos casos de mujeres semianalfabetas, que son relativamente mayores, y como no saben ni leer ni escribir bien las nombran para castigarlas secretarias de actas. Tienen, por supuesto, que contratar a una persona para que les ayude", apunta Sarué.

Más graves son los casos de violencia, entre los que se incluyen golpizas, pero también violaciones.

Aunque queda mucho para hallar soluciones duraderas, en Acobol aseguran que se está avanzando mediante la educación de los jóvenes.

Mujeres como Bertha Quispe están dispuestas a seguir adelante, a pesar de las dificultades.

"Me ha fortalecido el carácter, y a día de hoy lo único que me queda decir, a todas las mujeres, es que la política no es una tierra prohibida para ellas, sino de oportunidades, y que nosotros tenemos que aprender a hacerla respetar. Está en nuestras manos", asegura la alcaldesa de Collana.

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