MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha defendido este miércoles su decisión de disolver el Congreso para convocar elecciones anticipadas, alegando que la "confrontación" política no le dejó otra opción, después de que el Tribunal Constitucional haya aceptado la denuncia contra el jefe de Estado por este polémico paso.
"Lamentablemente, pesó más la confrontación, los intereses de grupos y el deseo de mantener el 'status quo' (...) Hubiésemos querido evitar", ha dicho Vizcarra en el marco de una comparecencia para presentar la nueva agenda del Gobierno tras la disolución del Congreso y hasta las elecciones parlamentarias previstas para el 26 de enero.
Interrogado sobre cómo responderá a la denuncia ante el Tribunal Constitucional, ha contestado que esperará a recibir la notificación oficial para "sustentar las acciones tomadas" por el Gobierno, según informa la emisora peruana RPP.
Sin embargo, ha avanzado que no realizará más viajes al extranjero hasta que el nuevo Parlamento tome posesión para "intensificar los tan importantes viajes al interior" de Perú. "Estas acciones ratifican nuestra fe y confianza en el futuro del país y constituyen una demostración de que avanzamos", ha destacado desde el Palacio de Gobierno.
El Tribunal Constitucional admitió el martes por unanimidad la denuncia presentada por el titular del Congreso, Pedro Olaechea, contra Vizcarra por la disolución de la sede legislativa, aunque al mismo tiempo rechazó una medida cautelar que buscaba dejar sin efecto la orden presidencial restaurando a los diputados en sus escaños.
Vizcarra ordenó el 10 de septiembre disolver el Congreso tras una serie de maniobras políticas para que el Congreso aprobara la reforma constitucional planteada por el Gobierno y el consecuente adelanto electoral.
El jefe de Estado intentó presentar a través de su entonces primer ministro, Salvador del Solar, una cuestión de confianza sobre el Gobierno que el Congreso ni siquiera debatió, lo que llevó a Vizcarra a interpretar que el Legislativo había retirado la confianza al Ejecutivo, desencadenando la disolución del Congreso y el adelanto electoral.
El Congreso, por su parte, desoyó la disolución dictada por Vizcarra y aprobó la suspensión del presidente "por incapacidad moral permanente" por "propiciar la ruptura del orden constitucional". Sin embargo, los diputados dieron marcha atrás en este cese por el apoyo de policías y militares al mandatario.
A su llegada al cargo, el 23 de marzo de 2018 , Vizcarra prometió impulsar una serie de reformas para acabar con la crisis política desatada por los escándalos de corrupción, que han salpicado a la clase política --los últimos cuatro presidentes han sido investigados por el caso Odebrecht-- y al Poder Judicial. De estas reformas la más importante es la constitucional, con la que pretende conseguir un nuevo punto de partido para Perú.
