BANGKOK, 31 Mar. (Reuters/EP) -
La primera ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra, se defenderá a sí misma ante la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) de las acusaciones por corrupción e incumplimiento de su deber por el sistema de compra de arroz a los agricultores, de las que se declara inocente.
Yingluck ha llegado a las oficinas de la NACC para defenderse a sí misma, desmintiendo los rumores sobre que enviaría a sus abogados en su representación. La mandataria criticó a la Comisión la semana pasada por no darle tiempo suficiente para preparar su defensa.
Los simpatizantes de Yingluck acusan a los tribunales y agencias independientes, incluida la NACC, de parcialidad. La oficina de la Comisión ha llegado a ser atacada en dos ocasiones en las últimas semanas, antes de su comparecencia.
La NACC publicó un comunicado en el que defendía cómo ha abordado la investigación sobre la mandataria. "Al haber sospechas de que Yingluck abusó de su posición la NACC ha tenido que investigar las sospechas para llegar a la verdad", indicó.
"Yingluck ha recibido un trato justo y equitativo bajo el marco de la Constitución", subrayó la Comisión. Por su parte, Yingluck emitió un comunicado en el que negaba todas las acusaciones de corrupción vertidas contra ella en conexión con el sistema de compra de arroz.
Este programa es una de las políticas impulsadas por el hermano de la primera ministra, Thaksin Shinawatra, cuando era primer ministro. Thaksin fue derrocado por un golpe de Estado perpetrado por los militares en 2006 y, tras exiliarse, fue condenado en 2008 por cargos de corrupción.
Las generosas subvenciones a agricultores son uno de los principales atractivos que presentó en 2011 la plataforma que aupó al poder a Yingluck, que ganó por un amplio margen los comicios de ese año y ahora ha dejado al país con unas enormes reservas de arroz y con pagos pendientes a los agricultores.
La oposición argumenta que el programa está plagado de casos de corrupción y acusa a la primera ministra de beneficiarse económicamente del mismo. En caso de ser declarada culpable, podría ser forzada a dimitir y enfrentarse a una prohibición a tener vida política durante cinco años.
