LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado que actúa como acusación popular en el denominado 'Caso Arona' sobre presunta corrupción urbanística en el sur de Tenerife, Felipe Campos, afirmó hoy que si el presidente canario, Paulino Rivero (CC), no dimite tras haber sido "pillado 'in fraganti'" por presuntamente reclamar un trato de favor para su sobrina en unas oposiciones a la Policía Local de ese municipio, "es demostrativo de que la democracia sufre una grave enfermedad".
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, el letrado tildó de "absolutamente indigno" el contenido de la conversación telefónica que Rivero mantuvo el 2 de julio de 2008 con el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (CC), y que fue grabada por la Guardia Civil en el marco de la citada investigación judicial.
"Me parece absolutamente indigno, Rivero ha sido pillado 'in fraganti' abusando de su cargo y, por tanto, creo que sólo le quedaría dimitir. Un presidente del Gobierno que haga eso, si no dimite y si la gente no pide su dimisión, todo eso es demostrativo de que la democracia sufre una grave enfermedad y no es completamente sana, porque eso es abusar del cargo y se rompe la confianza que tiene porque al fin y al cabo Rivero es nuestro empleado, al que le pagamos un sueldo y gestiona la cosa pública", aseveró Campos.
Y es que, en su opinión, tanto el jefe del Ejecutivo regional, como el regidor de Arona y el consejero del PSC-PSOE en el Cabildo tinerfeño José Luis Delgado, deben presentar su dimisión por "abusar de su cargo".
"No puedo entender cómo el alcalde de Arona tiene la vergüenza de seguir un minuto más en su cargo después de la forma descarada en que ha sido pillado abusando del cargo para beneficio de los suyos. Es realmente escandaloso", apostilló el letrado, que destacó que Arona es "de los municipios turísticos que mueven más dinero de España".
ACTUAR CON IMPUNIDAD
Igualmente, criticó la "impunidad con la que se actúa" y cuestionó las reacciones del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, y el presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, tras destaparse el caso, a pesar de que cree que "lo lógico sería que pidieran la dimisión de ese político de Arona y dar las gracias a la Guardia Civil por esta investigación".
A su entender, "el sueño de todos los políticos es que cuando cometen las ilegalidades todo se mantenga en secreto y que si son condenados que sea una pena leve". En este sentido, estima que "el ciudadano tiene derecho a conocer lo que hacen los políticos", al tiempo que expresó su confianza en que "la mentalidad de la gente evolucione y que cada vez se sea más inflexible con estos comportamientos".
A su juicio, "los políticos se sienten impunes", por lo que considera que "hay que plantearse algunos cambios en la Justicia, ya que casi más grave de lo que hacen es la impunidad con la que lo hacen".
UN CASO "ÚNICO" EN ESPAÑA
Campos recordó que preparó la denuncia del 'Caso Arona' ('Caso Edén'), que llevó a Madrid un representante del PSOE y después la Fiscalía decidió interponer la denuncia en 2007, al detectar presuntas irregularidades en la gestión del alcalde, José Alberto González Reverón (CC), relacionadas con licencias urbanísticas desde el año 2004 a 2006 y contrataciones.
Manifestó que se trata de "un caso único en España porque normalmente cuando se dan licencias el político que las da suele estar cubierto con informes jurídicos favorables. Sin embargo, en este caso de forma inusual se dieron 212 licencias ilegales, tal como acreditaba el informe del jurista y el secretario municipal, que advertía de la responsabilidad penal en la que incurrían, y, a pesar de eso, sistemáticamente las concedieron".
A este respecto, señaló que "el daño que se ha originado por las licencias urbanísticas mal dadas asciende a 40 millones de euros". A ello se suma que, en materia de contratación, "se fraccionaban de forma consciente los contratos para eludir la normativa de contratación y poder adjudicarlos a dedo", denunció. Del mismo modo, subrayó que el Plan General de Ordenación de Arona, actualmente "bloqueado", está "hecho a medida de algunos empresarios y de espaldas al pueblo".
De hecho, tildó de "curioso" que cuando el alcalde declaró como imputado en mayo de 2007 dijo que "no sabía que eso no se podía hacer" y, aún así, "desde 2007 y hasta 2009 ha dado más de cien licencias exactamente iguales y siendo los mismos empresarios".
Por tanto, cree que la actitud de González Reverón es "intolerable porque este personaje no respeta en modo alguno el Estado de Derecho, la ley, la justicia, los fiscales y los jueces".
Según Campos, la presunta trama de corrupción en Arona "es una foto del régimen de CC en un lugar determinado como Arona". "Ha pillado con el pie cambiado a muchos políticos y acredita lo que ya muchos sabíamos. Ha venido a acreditar o a probar la existencia de un régimen al menos en Tenerife que esperemos que esté en sus últimos momentos", añadió.
