20 de junio de 2019
  • Miércoles, 19 de Junio
  • 8 de abril de 2010

    Abogados de Lanzarote afirman que disolución de la Sección Bis de Audiencia "menoscaba" derechos de los ciudadanos

    Piden al CGPJ y TSJC que se restablezca la actividad normal de la Sección

    ARRECIFE (LANZAROTE), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

    El Colegio de Abogados de Lanzarote ha expresado su "profundo malestar" por la disolución de la Sección Bis de la Audiencia Provincial de Las Palmas que hasta ahora se encargaba de la celebración de los juicios orales en Lanzarote y Fuerteventura, y advierte de que ello supone un "menoscabo" en los derechos de los ciudadanos de estas islas.

    La institución, presidida por el decano Francisco Torres Stinga, protesta, así, en un comunicado ante la comunicación recibida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el sentido que se ha procedido a la disolución de la Sección Bis de la Audiencia Provincial.

    El citado Colegio de Letrados resalta que "los magistrados que han integrado las diferentes Salas han contribuido de forma decisiva a mejorar la calidad de vida de la Justicia, resolviendo de forma eficaz y en plazo razonable el elevadísimo volumen de asuntos que han conocido".

    CRITERIOS "PURAMENTE ESTADÍSTICOS"

    Entienden que los criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no son los de necesidad, sino los puramente estadísticos, alejando, así, la Justicia del ciudadano".

    "Los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura tienen idénticos derechos que los de otras islas, sin que estos derechos puedan verse mermados por cuestiones meramente estadísticas que, en todo caso, lo que hacen es presionar más si cabe a unos tribunales, ya de por sí sobrecargados de trabajo", reitera dicho organismo.

    De este modo, solicita al CGPJ y al TSJC que "se restablezca la actividad normal de la Sección o, en su caso, que se garantice el desplazamiento de las Secciones ya creadas".

    Por último, el Colegio de Abogados de Lanzarote advierte de que, como estamento que debe velar por la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente el que se refiere al acceso a la Administración de Justicia, hará "todo lo que legalmente sea posible para reconducir la situación a su estado anterior".