LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Que me investiguen. El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, aseguró ayer sentir una "total tranquilidad", e incluso conminó a la judicatura a que inicie una investigación que podría afectar a su persona y a la de Domingo Berriel, consejero de Ordenación Territorial. "Que hagan lo que tengan que hacer", dijo Martín, consciente de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debe analizar si en ambos dirigentes existen indicios de un delito de tráfico de influencias relacionado con el expediente administrativo Anfi Tauro, que proyecta una urbanización turística de 3.600 camas en el sur de Gran Canaria.
La petición de la investigación ha sido requerida por el juez que instruye el caso de corrupción urbanística descubierto en Mogán, Alexis Reyes Negrín, quien ha decidido remitir al alto tribunal una causa separada para esclarecer la relación que el presidente del Ejecutivo y su consejero tienen con ese proyecto, que es promovido por el empresario Santana Cazorla, uno de los nueve imputados por la justicia en la trama que se investiga, conocida como operación Góndola.
Además, Martín mostró cierta perplejidad ante la posible apertura de las citadas pesquisas, que también podrían afectar al jefe del gabinete presidencial, Salvador Iglesias. "A mí ya no me sorprende nada, pero todos los días me asombro con cosas nuevas", afirmó ayer el presidente durante una visita institucional realizada al municipio de Mogán. "Estoy totalmente tranquilo, lo único que conozco es lo que ha salido en la prensa", añadió.
En ese sentido, el presidente autonómico aclaró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el asunto, y aludió a lo publicado en los medios de comunicación para explicar la situación. "Supongo de lo que se trata por lo que se puede deducir de lo que ustedes han publicado", confesó Martín, quien con ello se refiere a una conversación mantenida por teléfono con Santana Cazorla.
"Que yo recuerde sólo he tenido una conversación después de haber recibido un montón de llamadas", sostuvo Martín, al tiempo que restó importancia a esa comunicación porque "normalmente atiendo a las llamadas de todo el mundo". También señaló que ese tipo de contactos los ha mantenido con otros empresarios que "tienen pendientes desde hace un año expedientes para ser informados por el Gobierno", en clara alusión a los proyectos turísticos que aspiran a recibir una declaración de interés general con la que eludir la moratoria.
Martín apunto que esa declaración es el única cuestión que puede estar relacionado con los motivos por los que se solicita una investigación, "porque todos los temas urbanísticos son municipales y en ellos el Gobierno no tiene nada que ver", aseguró, "aunque tampoco sé si se trata de eso porque lo desconozco".
En cualquier caso, el presidente subrayó que la transparencia está garantizada en la declaración de interés general de ese proyecto, porque en los trámites intervienen varias instituciones, en entre ellas el Cabildo y el propio Ejecutivo, para que finalmente sea la cámara el órgano que proceda a realizar esa declaración. "Lo único que le puede haber dicho a los empresarios es que el Gobierno tramitará ese expediente para que vaya al Parlamento", aseveró Martín.
