LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) quiere que la Dirección General de Protección de la Salud y el Consumidor de la Comisión Europea obligue al Gobierno de Canarias y al estatal a cumplir la normativa de control de plagas que se introducen en las Islas a través de productos de terceros países.
El presidente de la COAG, Rafael Hernández, se reunió recientemente con el jefe de gabinete del comisario de Salud y Protección de los Consumidores de la Unión Europea, Margaritas Schinas, para mostrar el malestar de los agricultores canarios por la "dejadez" de los políticos a la hora de aplicar la normativa y los correspondientes controles fitosanitarios en las Islas.
Schinas recibirá en las próximas semanas un dossier informativo sobre las 70 plagas que, según Hernández, "campan a sus anchas" en el Archipiélago por "la falta de competencia de los responsables políticos que no exigen los controles pertinentes a los productos extranjeros".
El presidente de la COAG se lamentó de que los agricultores canarios y los consumidores sufran las consecuencias del fraude que supone introducir productos de terceros países que no han pasado los controles fitosanitarios y que, en muchos casos, se hacen pasar por locales.
Pese a que Canarias, tal como apuntó el representante de los agricultores, podría tener una agricultura sana y saludable por su características ambiéntales y su condición insular, "tenemos una dificultad, la plaga de incompetencia de los políticos que nos gobiernan", remarcó.
Hernández recordó que muchos de los productos hortofrutícolas que se introducen ilegalmente en Canarias contienen sustancias como el DDT, que están prohibidas en la Unión Europea por su peligro para la salud. En este sentido, comentó la sorpresa del comisario europeo cuando le entregó un estudio universitario en el que se alertaba sobre la presencia de DDT en la sangre de la población joven y adulta de Canarias.
Lo efectos de la introducción ilegal de frutas y verduras en el Archipiélago supone pérdidas millonarias para los agricultores de las Islas y un fraude a los consumidores, destacó el presidente de COAG.
