LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres, no concertará nuevas reuniones entre los vecinos del Castillo de Romeral, el director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Juan José Azcona, y la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, en relación a la cárcel tras la "ruptura unilateral" de los primeros.
En declaraciones hechas hoy a Europa Press, Mari Pino Torres da por "cumplido" el compromiso adquirido con la plataforma vecinal tras mediar para que el director del SIEP "viniera de Madrid" para reunirse con una representación de las personas afectadas por la construcción de la "macrocárcel".
Finalmente, explicó Torres los vecinos solicitaron que Azcona acudiera a la Casa de la Cultura de la localidad para participar en un debate a "puerta abierta" algo que "no era ni lo que había pedido al principio, ni tampoco la disposición de este señor" que vino "para explicar las dudas que ellos --los vecinos-- tenían".
Por este motivo, Torres recalcó que "no hay traslado de fecha ni hay más solicitud" de reunión con el SIEP, porque, consideró que no va "a solicitar otra vez que venga el presidente de la Sociedad", como acaba de hacer, para que después no haya reunión porque "los vecinos no han querido".
No obstante, apuntó Torres, la delegada del Gobierno en Canarias, continúa dispuesta, "incluso, ha dejado su agenda a disposición de reunirse" con este colectivo. Asimismo, Torres aseguró que tanto ella misma como Darias habían reorganizado su agenda, y apuntó que mañana no acudirá con los vecinos en la visita prevista a Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto a la legalidad del nuevo centro penitenciario, Mari Pino Torres consideró que la obra no es ilegal "desde el punto de vista de Darias y Azcona, con los documentos en la mano, desde ese punto de vista no es ilegal".
En este sentido, Torres aclaró que, según le explicaron Darias y Azcona, existen "acuerdos por parte del Gobierno de Canarias que desconocía" en virtud de los cuales "se enajena el suelo" basándose en que, según la ley, "si las administraciones no se ponen de acuerdo" éste puede realizar obras de interés general, además, puntualizó, "el propio Ejecutivo regional reconoce que es una obra de interés público, pues entonces esta legal".
A pesar de ello, la alcaldesa del municipio en el que se ubicará la cárcel, a quien acompañaron varios juristas, ha solicitado tanto a la Delegación del Gobierno como a la SIEP que le envíen "una resolución a nivel estatal donde queden claramente recogidos todos esos puntos".
Por último, Mari Pino Torres reconoció que "hace falta una cárcel en Gran Canaria" aunque, a su juicio, "no es el lugar" al tratarse de "la entrada de un municipio turístico" que, continuó, "ya ha sido solidario". La construcción, añadió la alcaldesa, "en otro lugar dentro del mismo municipio o en otro municipio, habría sido mejor por eso ha generado problemas entre los vecinos" porque, justificó Torres, "están cansados de tener grandes infraestructuras".
