AMPL.-El TS inadmite el recurso de Santana Cazorla, que pierde la explotación de la zona comercial de Anfi del Mar

Publicado: miércoles, 11 diciembre 2019 17:24

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso presentado por Santana Cazorla contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estima parcialmente el procedimiento ordinario interpuesto frente a la orden ministerial de noviembre de 2011 por la que se otorgaba la explotación de la zona comercial de Anfi del Mar.

De esta forma, Santana Cazorla pierde la concesión de explotación de las zonas de ocio y comercio de la playa de La Verga --conocida como Anfi del Mar--, que vuelve a la demarcación de Costas, que ya comunicó el pasado octubre al Ayuntamiento de Mogán su prioridad a la hora de explotar tanto esta zona como otras del municipio.

Al respecto, fuentes del sector valoran en más de 21 los millones de euros ingresados por Santana Cazorla en los últimos siete años debido al arriendo de estos locales e instalaciones de la playa, a razón de algo más de tres millones de euros anuales.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la orden ministerial, emitida por el director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, otorgaba una concesión de ocupación de unos 145.381 m2 de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la creación, adecuación y mantenimiento de diversas instalaciones en el término municipal de Mogán (Gran Canaria).

POR "CARECER DE FUNDAMENTACIÓN SUFICIENTE"

Así, la Sala ha acordado la inadmisión a trámite del recurso por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la LJCA impone al escrito de preparación del recurso al carecer de fundamentación suficiente.

Finalmente, se han impuesto las costas procesales a la parte recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, se fija en 1.000 euros a favor de la parte recurrida y personada, Anfi del Mar S.L, aunque no se ha estimado acordar una imposición de las costas a favor de la Administración General del Estado.

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