SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este viernes ante el Pleno su disposición a que el Ayuntamiento concluya promociones de vivienda inacabadas por entidades financieras en este municipio, siempre y cuando pasen a ser de propiedad municipal.
Para ello, advirtió que habrá concretar acuerdos por la vía de la negociación.
En esta línea, el mandatario municipal explicó que Santa Cruz acometerá un plan dividido en dos fases.
La primera de ellas, de carácter urgente, consistirá en la adquisición de 20 viviendas, este mismo año, para atender situaciones de exclusión habitacional. Además, el consistorio acometerá anualmente la compra de inmuebles, mediante licitaciones programadas, con el fin de poner en el mercado viviendas de precio tasado.
Bermúdez recordó que el consistorio cuenta con una comisión, integrada por Viviendas Municipales y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), "que viene trabajando a destajo en este tema, en aras de buscar caminos legales, porque los ciudadanos quieren soluciones, pero no servirán de nada sin son ilegales".
Asimismo, recordó que han sido "pioneros" en el protocolo antidesahucio, el ofrecimiento de la permuta de terreno por propiedades inacabadas o la creación de una oficina de intermediación hipotecaria.
Con las medidas anunciadas este viernes, Bermúdez se mostró convencido de que otra vez Santa Cruz "sea un ejemplo", como lo fue con Banif, por la vía del acuerdo, facilitando viviendas a 66 familias en Añaza.
ACUERDO PLENARIO
Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento acordó este mediodía una serie de medidas relacionadas con este mismo capítulo, como la revisión del protocolo antidesahucio de 2012, en el sentido de ampliar su contenido para atender nuevas situaciones de exclusión habitacional, condicionada a la supervisión que realizar los servicios jurídicos municipales.
El consistorio expresa la voluntad de llevar a cabo las actuaciones precisas para que aquellas viviendas ya finalizadas, y sobre las que las personas jurídicas propietarias de inmuebles sin habitar no hayan realizado los trámites oportunos para certificar su acabado, obtengan licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad.
Además, se insta a los grupos del Parlamento de Canarias, así como al Gobierno regional, a la revisión de la Ley de Viviendas, con el fin de reducir la exclusión habitacional, mediante la regulación de la vivienda deshabitada de titularidad de personas jurídicas, especialmente los bancos y sus empresas filiales.
En el acuerdo también se exige al Gobierno de Canarias, del mismo modo, que incremente las partidas presupuestarias destinadas al alquiler social y mejore la eficacia en su gestión, de acuerdo a la reclamación del Diputado del Común en sus informes anuales.
Asimismo, se solicita al Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, que aporte las dotaciones presupuestarias necesarias para el desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que incorpora programas y ayudas orientadas a la satisfacción de la necesidad de vivienda de jóvenes y otros colectivos prioritarios.
Se recuerda así la necesidad de activar los programas de ayuda al alquiler de vivienda; de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual; de ayuda a los jóvenes y de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.
