LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, tildó hoy de "inaceptable" para la Isla que los grancanarios "tengan que esperar once años o más por unas autovías indispensables para nuestro bienestar, tal y como está previsto en el Convenio alcanzado por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias".
El Cabildo de Gran Canaria considera "inaceptable" para la Isla que el Convenio de Carreteras cerrado por el Gobierno de España y el Gobierno autónomo "postergue a después de 2017, sin fecha ni presupuesto, la construcción de seis autovías, entre otras, la Variante Aeroportuaria, la Vía Tangencial de Telde o la culminación de la autovía de Agaete a La Aldea".
Jorge denunció que otras cinco vías, "igualmente prioritarias para el desarrollo de la Isla", como las carreteras de Arucas a Pagador, de Pagador a Guía, de Puerto Rico a Mogán, o la IV Fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, "no estarán en funcionamiento antes de 2017, es decir, dentro de once años", observó el Consejero insular, al hacerse públicas las condiciones del Convenio aprobado el pasado viernes, 20 de enero, por el Consejo de Ministros.
El citado consejero del Cabildo grancanario exigió al Gobierno regional "un compromiso concreto y firme para pre-financiar las obras y adelantar su culminación. Esta opción es posible y está al alcance del Gobierno de Canarias. Sólo hace falta voluntad política para realizarla. Los grancanarios no podemos esperar otros once años por unas autovías indispensables para nuestro bienestar y que se nos prometieron hace dos años".
A juicio de Jorge, "por fin hay Convenio de Carreteras, después de casi dos años perdidos. Depende del Gobierno de Canarias, ahora, que también haya carreteras antes de 2008, y no dentro de once años o más".
Recordó que "del anexo específico para Canarias en el Plan Nacional de Infraestructuras, prometido por José Luis Rodríguez Zapatero el 29 de diciembre de 2003, siendo candidato, hemos pasado, sucesivamente, al bloqueo del Convenio anterior, a la exclusión de Canarias de la programación nacional de obras, y finalmente, a un Convenio de Carreteras que difiere a once años, o directamente, consigna sin fecha ni presupuesto, la construcción de las obras a las que tienen derecho los grancanarios para mejorar su calidad de vida".
Para Jorge, "la negociación con el Gobierno de Canarias ya no es excusa. El convenio existe y puede afirmarse, con toda propiedad, que los grancanarios hemos sido engañados", añadió.
El consejero criticó que el primer anexo del Convenio de Carreteras esté formado "por doce autovías (cuatro de ellas, en Gran Canaria) que ya se están construyendo o alguna de ellas finalizadas, y que forman parte del convenio firmado en 1997 por el anterior Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Canarias".
"Los 290,2 millones de euros correspondientes a estas obras", puntualizó Miguel Jorge Blanco, "no son una aportación de este Convenio, sino un compromiso de Estado reconocido por el anterior Gobierno de España, y que, lamentablemente, el Gobierno actual ha impedido culminar, hasta ahora".
El consejero grancanario reprochó al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que "haga suyos unos proyectos que no sólo no redactó, sino que ha frenado desde el inicio del vigente mandato".
El Cabildo de Gran Canaria denuncia la "complicidad del Gobierno de Canarias con esta burla a los grancanarios", algo que, a juicio del Consejero insular de Infraestructuras, "vuelve a poner en evidencia el descuido y la discriminación de esta región, en manos de una alianza de intereses políticos que está negando oportunidades de desarrollo y de calidad de vida a los canarios, en general, y a los grancanarios, en particular, mientras se desvían fondos públicos y se fomentan los privilegios de otras regiones".
Jorge identificó al Presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, y a su Consejero de Infraestructuras, Antonio Castro Cordobez, como "co-partícipes de la discriminación de Canarias y de Gran Canaria". Ambos, dijo el Consejero del Cabildo de Gran Canaria, "deben explicar por qué tenemos que esperar once años y más para usar las vías a las que tenemos derecho, y por qué debemos resignarnos a seguir siendo tratados como españoles de segunda, sin que el Gobierno regional cumpla con su obligación de defender nuestros intereses".
