ARRECIFE (LANZAROTE), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Cabildo de Lanzarote modificará el planeamiento territorial para legalizar los hoteles, cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales de justicia, "si se tiene como principal objetivo el interés general", aseguró hoy el ex consejero de Política Territorial y actual responsable del área insular de Presidencia, Carlos Espino.
Espino realizó estas declaraciones durante un receso de la Comisión de Política Territorial en la que el equipo de gobierno presentó el informe elaborado por sus técnicos y juristas. El estudio analiza los 27 hoteles afectados que suponen 12.000 plazas turísticas.
"La única manera de justificar, si fuera necesario, un cambio de planeamiento para que un hotel encaje sería la de reformar la ordenación, siempre y cuando, el fin último y primordial fuera el interés general", reiteró Espino.
Añadió que si el objetivo de legalizar los hoteles afectados no pasa por el interés general, la justicia "tumbaría el cambio de planeamiento que única y exclusivamente pretendiera legalizar un hotel porque sería un fraude de ley". De todos modos, Espino no quiso especificar cuáles serían las compensaciones que tendrían que dar los empresarios aunque indicó que "lo principal sería bajar el techo alojativo, que es la mayor amenaza que ahora mismo se cierne sobre la sociedad lanzaroteña".
Por ello, explicó que ahora serán los dueños de los hoteles los que deberán dirigirse a las administraciones para volver a solicitar la licencia, ya que la justicia anuló las que en su día otorgaron los ayuntamientos de Yaiza y Teguise. "Sin embargo, estas solicitudes chocarán con los incumplimientos con la normativa en los que incurren, por lo que la solución tendría que ser el derribo total o parcial de la obra si el planeamiento no se modifica", apostilló.
Espino explicó que, al realizar el informe, los técnicos y juristas se encontraron con que "los establecimientos afectados incumplían varias normativas como la moratoria, el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), la Ley de Turismo, la Ley de Medidas Urgentes y, lo más sangrante y que más llama la atención, las normas del propio Plan Parcial en el que se encuentran ubicados".
"Nos hemos encontrado con casos en que se tenía que reservar el 50 por ciento del suelo para uso residencial y equipamiento complementario pero que, sin embargo, ha quedado totalmente invadido por el uso turístico", apostilló. En lo que respecta a los casos que relataba Espino es el de planes en los que "el límite para construir era de 4.000 plazas y, sin embargo, se han hecho 8.000 y aún queda el 30 por ciento por construir".
Mañana se dará a conocer el informe a los miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera, formado por sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos sociales, la Fundación César Manrique y las dos universidades canarias, así como el Gobierno regional, los siete ayuntamientos y el Cabildo.
