SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Cabildo de Tenerife impulsará una proposición de ley sobre la ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de este espacio, según acordó este lunes el Consejo de Gobierno Insular.
El presidente, Carlos Alonso, valora el "consenso" de las fuerzas políticas del Cabildo y el Ayuntamiento para avanzar en una solución definitiva, y destaca que esta propuesta constituye "un paso adelante" para solventar una situación "cuya resolución reclamaban desde hace demasiado tiempo los ciudadanos de Tenerife, por lo que el Cabildo ha decidido actuar impulsando esta proposición de ley que, una vez que sea aprobada por el Pleno de la Corporación, se remitirá al Parlamento de Canarias".
Además, explica que la iniciativa legislativa que impulsa el Cabildo "gira en torno a tres principios fundamentales, concretamente la prohibición de extracción de áridos en el ámbito de los barrancos de Güímar, la restauración del paisaje y la canalización del barranco".
La propuesta prohíbe expresamente cualquier extracción minera salvo las que sean estrictamente necesarias para llevar a cabo labores de restauración en el interior del espacio y recoge una nueva recategorización del suelo, que pasaría de ser suelo de protección minera a rústico de protección ambiental.
Por otro lado, la recuperación de todo el ámbito se realizaría mediante un plan de restauración ambiental concreto que prestaría especial atención a las infraestructuras hidrológicas que afectan a este espacio.
La consejera insular de Planificación, Pino de León, explica que es voluntad del Cabildo "promover la búsqueda de una solución efectiva para un ámbito, cada vez más deteriorado, que necesita de forma urgente una ordenación integral y una restauración ambiental y paisajística consensuada entre el Gobierno de Canarias, el Parlamento, el Cabildo, el Ayuntamiento, los extractores y los propios ciudadanos, todo ello desde el rigor y conforme al ordenamiento jurídico vigente".
La extracción de áridos en los Barrancos de Güímar constituye una actividad controvertida y conflictiva desde hace décadas. Distintas administraciones públicas, entre ellas el Cabildo, han trabajado en diferentes instrumentos de ordenación para conciliar los usos mineros y extractivos con la defensa del medio ambiente, la restauración del paisaje y la pervivencia de los usos agropecuarios tradicionales.
