SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad Autónoma de Canarias ha pagado a sus proveedores en una media de 23,80 días en el año 2019, un plazo que indican está por debajo de los 30 días legales que marca la normativa sobre morosidad comercial, según el informe de seguimiento que la Intervención General realiza sobre el pago de la deuda comercial y que se ha presentado este jueves en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico.
Al respecto, aseguran que desde que el nuevo Gobierno de Canarias tomara posesión el pasado mes de julio, la Comunidad Autónoma ha cumplido el plazo todos los meses "sin excepción", según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Además, señalan que este resultado incorpora el cumplimiento del Servicio Canario de la Salud (SCS) con 26,69 días aunque el Gobierno regional expone que "se ha mantenido la senda de cumplimiento con el plazo legal durante el segundo semestre del ejercicio 2019 gracias a las medidas preventivas activadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma desde el mes de julio".
Así, se refiere a la emisión de informes de diagnóstico y análisis de riesgo de incumplimiento, la coordinación entre la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General del Tesoro en tareas de monitorización de la deuda pendiente de pago fuera de plazo para agilizar la tramitación de las facturas, así como la inyección de 205,5 millones de euros de crédito destinado a la reducción de la deuda comercial.
Además indica que se han cumplido también los tiempos medios de tramitación de facturas, siendo este el periodo que va desde su entrada en el registro hasta su abono, en términos globales, inferior a los 60 días.
En cuanto al Sector Público Estimativo, Universidades y Entidades independientes apuntan que "si bien no inciden negativamente" en los datos globales de cumplimiento de la Comunidad Autónoma, admiten que "hay determinados casos de incumplimientos a los que se instará a justificar el retraso".
El Gobierno canario señala que el incumplimiento del Periodo Medio de Pago Global a Proveedores supone un incumplimiento del principio de sostenibilidad financiera de la deuda comercial en los términos expuestos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por ello, considera "muy importante" adoptar medidas preventivas y correctivas "con celeridad" para que los incumplimientos no deriven en la aplicación por parte de la Administración General del Estado de medidas coercitivas. Los datos de análisis se remiten mensualmente al Ministerio de Hacienda.
Finalmente, señala que en el ámbito de la Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha previsto trabajar en un protocolo de procedimiento específico para el pago de facturas del SCS ligado a los planes de acción que se impulsan para garantizar el cumplimiento mensual.
