SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Canarias cuenta actualmente con más de 100 viviendas ocupadas en un parque público que supera las 19.000, de las que 75 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 27 en la de Las Palmas, principalmente en las capitales canarias y zonas turísticas como Arona y San Bartolomé de Tirajana.
Estos datos han sido expuestos en el Pleno del Parlamento por el consejero de Justicia, Seguridad y Administraciones Públicas, Julio Pérez, quien ha apelado a distinguir entre "mafias organizadas" que operan en toda Europa de las familias que entran en las casas "porque no tienen donde ir".
En una comparecencia solicitada por el Grupo Popular, el consejero ha admitido que Canarias no es de las comunidades autónomas que se encuentre en una peor situación, valorando al mismo tiempo la última orden dictada por la Fiscalía General del Estado que permite a las fuerzas de seguridad acometer los desahucios si son casos "flagrantes".
Asimismo, ha comentado que desde Canarias hay que impulsar un plan de realojo inmediato para que las familias en vulnerabilidad social tengan alternativas cuando se ejecuta la 'desocupación' y se acelere la construcción de viviendas públicas.
Ha insistido en que "no es lo mismo" un desahucio por impago de alquiler, hipoteca, ocupación ilegítima de propiedades privadas o desalojos de familias vulnerables en viviendas de bancos y fondos buitre, y se planteó qué han hecho los últimos gobiernos regionales en 15 años ante la "paralización" de la política de vivienda.
Además, ha reclamado más colaboración de los ayuntamientos, las policías locales y las comunidades de propietarios para coordinar mejor el proceso.
"CANARIOS ATEMORIZADOS"
Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha admitido una 'okupación' por cuestiones de necesidad económica pero no ocultó que la "realidad" es que hay "muchos canarios atemorizados" porque "se van de vacaciones "cinco días y les ocupan la casa".
Ha criticado que se tarden "meses o años" en recuperar la posesión de la vivienda y advertido de que la ocupación de viviendas, incentivada desde 2014 "por ayuntamientos podemitas", ataca "la línea de flotación" de la propiedad privada.
Pérez ha dicho que el ordenamiento jurídico español "no resuelve el problema" y por ello ha defendido la proposición de ley presentada por su grupo en el Congreso que promueve desalojos en 24 horas o que los 'okupas' no puedan empadronarse.
Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que es "urgente" acabar con la "delincuencia organizada" que ocupa viviendas con "fines lucrativos" y a través del "engaño y la extorsión", situaciones que también generan un "deterioro" en la convivencia de los vecinos.
Ha lamentado la "impotencia" de los propietarios y pedido que se pueda recuperar el inmueble "de manera inmediata" porque están "desamparados" ante la ley.
Jesús Ramos (ASG) ha apuntado que "algo ha estado fallando" en los últimos años para que haya crecido este "problema social", distinguiendo también entre las "mafias" y las familias necesitadas que buscan un techo y pidiendo la construcción de más viviendas protegidas y alquileres sociales "asequibles".
"PERSEGUIR LA POBREZA", SEGÚN EL PSOE
Francisco Déniz (Sí Podemos) ha cargado también contra la "delincuencia organizada" pero ha advertido de que "intencionadamente se confunde la verdad" ya que entre los 'okupas' hay "situaciones diversas" y se debe evitar que la población caiga "en el miedo, el pánico y el alarmismo".
Así, ha pedido un aumento en la construcción de vivienda pública y que se faciliten alquileres sociales, mostrando su pesar por que en Canarias haya 123.000 viviendas vacías, la mayoría de bancos o 'fondos buitre'.
Carmen Hernández (NC) ha pedido "que caiga todo el peso de la ley" con las ocupaciones ilegales pero ha advertido de que cuando hay un desahucio de familias vulnerables, muchas acaban viviendo en cuevas o infraviviendas, albergues o se envían a los hijos con los abuelos y los padres se quedan en los coches.
La diputada ha reconocido que construir vivienda pública tarda entre dos o tres años y no se puede esperar, al tiempo que se preguntó "como es posible" que haya viviendas públicas vacías con 17.000 demandantes.
Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista, ha reconocido que hay una "amplia casuística" y entiende que el "problema más grave" es agilizar los desalojos con rapidez y más a largo plazo, tener una política "integral" de vivienda. "Canarias tiene un parque público viejo pero inmenso y necesitamos construir viviendas", ha destacado.
Nayra Alemán (PSOE) ha criticado los "titulares que generan miedo" y la "fábula" de que los juzgados no hacen nada, pues las demoras en los desalojos se deben a la falta de recursos, y ha rechazado que se quiera "perseguir la pobreza".
