SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El programa electoral de Coalición Canaria (CC) para acudir a las elecciones autonómicas del año 2003 ya recogía en relación a las prospecciones petrolíferas en el archipiélago que sería labor del Ejecutivo canario "controlar la actuación empresarial en la investigación de hidrocarburos en aguas canarias, de forma que se minimice el riesgo de contaminación, exigiendo, en todo caso, garantías ante cualquier impacto ambiental negativo y la participación de la Comunidad Autónoma en los posibles beneficios obtenidos en nuestras aguas territoriales".
Así, las tesis de CC vuelven a la actualidad después de que ayer se hiciese público que el Gobierno considera que España "no puede permitirse renunciar" a las actividades de exploración e investigación de hidrocarburos que podrían suponer el hallazgo de nuevos recursos a medio plazo, como las que quiere llevar a cabo Repsol YPF frente a la isla de Fuerteventura, por la "dependencia crítica" de las importaciones de petróleo que sufre el país.
Así y en una respuesta escrita a la diputada del PP, Pilar González, el Ejecutivo reiteró sin embargo las palabras del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en verano aseguró que estas prospecciones, igual que las que pudieran tener lugar en cualquier otro punto del territorio nacional, se condicionarán siempre a un "consenso amplio, tanto político como social".
Sin embargo, el Gobierno señaló que la "actual coyuntura de fuertes incrementos de los precios" hace que la prioridad de su política energética española sea reducir la dependencia de terceros países, que en caso del crudo proviene en un 99,8% de la importación, suponiendo la mitad del consumo de energía final en España. La bolsa de hidrocarburos está situada a unos 60 kilómetros de la costa canaria, en una zona de jurisdicción española, pero cercana a la frontera marítima con Marruecos. Hace unos meses, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, se mostró confiado en que "el año que viene" se produzcan novedades acerca de las reservas de hidrocarburos.
AGUAS TERRITORIALES
Durante su discurso de investidura como presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en julio de 2003, señaló que "es necesario delimitar definitivamente el ámbito territorial de Canarias introduciendo el concepto archipielágico, a través de la configuración del perímetro de las Islas mediante líneas de bases rectas a partir de las cuales delimitar los espacios marítimos: aguas interiores o archipielágicas, mar territorial y zona económica exclusiva".
"Ligado a ese objetivo está la cuestión de las competencias en materia de prospecciones petrolíferas en espacios marítimos, sobre las que el Gobierno de Canarias demandará su ejercicio", expuso el ya ex presidente autonómico.
Un año más tarde, en 2004, el programa electoral a los comicios generales, el programa con el que concurrió CC recogía que "el Estatuto de Autonomía de Canarias dota al Archipiélago de amplia autonomía en importantes materias, por lo que demandaremos que se complete el traspaso de todas aquellas competencias pendientes, en especial, aquellas de relacionadas con la insularidad, costas, servicio meteorológico, vertidos al mar, prospecciones petrolíferas o salvamento marítimo.
En esta línea, CC repitió tesis en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2007. El documento señalaba que "serán vitales para nuestro desarrollo la competencias en materia de energía, hidrocarburos y prospecciones petrolíferas, lo que nos permitirá a los canarios decidir, en caso de que se verifique la existencia de combustibles fósiles, si se extraen o no y, en su caso, cuándo".
Por último y en relación a la última convocatoria celebrada, la de los comicios generales del pasado mes de marzo, los nacionalistas planteaban "en el plano competencial", por un lado, que seguirían "defendiendo que se atribuya a la Comunidad Autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del Archipiélago", entre ellas "las prospecciones petrolíferas"; y, por otro, el nuevo Estatuto debe establecer una nueva metodología en la distribución de competencias que corrija los problemas que tradicionalmente se han originado entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la interpretación del alcance de sus títulos competenciales.
