Rechazan debatir la reforma de la Ley Turística propuesta por el Cabildo de Gran Canaria

Actualizado: jueves, 13 marzo 2014 14:32
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Parlamento de Canarias, con el voto en contra de CC y PSC-PSOE, ha rechazado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Cabildo de Gran Canaria en la que reivindica la modificación de la Ley Turística para que se permita la construcción de hoteles de cuatro estrellas.

   Frente a esta propuesta, los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han exigido la retirada del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Estado, que conlleva una suspensión cautelar para construir nuevos hoteles, y han pedido que se haga una evaluación de la Ley cuando se cumpla un año desde su entrada en vigor.

   El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, encargado de defender la propuesta, señaló que es "la primera vez en la historia de Canarias" que la Cámara rechaza una iniciativa de un Cabildo, lo que considera un "auténtico choque de trenes" entre dos instituciones.

   Según Bravo de Laguna, "este rechazo transmite a la población un mensaje de nimiedad", porque "ni siquiera la Cámara ha dado la oportunidad a que se debata esta iniciativa".

   Asimismo, defendió la propuesta legislativa porque Gran Canaria cuenta con 22.000 camas menos en el segmento cuatro estrellas y 1,5 millones de turistas menos que Tenerife, por lo que "tenemos la obligación de atacar ese problema", insistió.

   El portavoz de NC en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Rivero, que también intervino para defender la iniciativa, señaló que la propuesta del Cabildo "no puede ser obviada y convertida en papel mojado por el Gobierno de Canarias".

   "Al contrario, cualquier decisión política que afecte al sector turístico debe ser rigurosa y consensuada y tener en cuenta los desarrollos y peculiaridades de cada isla", añadió.

   El portavoz nacionalista achacó esta iniciativa a que Gran Canaria tiene un déficit de plazas turísticas en la categoría de cuatro estrellas, que en estos momentos supone un 18 por ciento del total de plazas turísticas de la isla, cuando otras llegan al 34 ó 40 por ciento.

   Rivero agregó que la demanda de plazas hoteleras de cuatro estrellas es la más solicitada por los mercados turísticos, por lo que consideró "inexplicable" que se prohíba la edificabilidad de esta categoría si no está vinculada a la rehabilitación.

   En este sentido, quiso dejar claro que la iniciativa legislativa no propone un desarrollo incontrolado de la oferta de plantas hoteleras de cuatro estrellas, pues conlleva una triple limitación cuantitativa, cualitativa y temporal.

   De la misma manera, defendió que esta excepcionalidad se aplique solo a Gran Canaria, respetando así el modelo de desarrollo que cada isla ha diseñado, ya que, dijo, "no queremos imponerlo a otros territorios insulares".

UN CONSENSO "ROTO"

   Por parte del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC) acusó al Gobierno de Canarias de haber "roto" el consenso al imponer una ley de turismo "a ciegas" y "sin escuchar" las opiniones de los Cabildos.

   Según Román Rodríguez, "esa norma se hizo a las bravas y vuelve a imponer una estrategia legítima, incluso acertada, pero sin datos y sin consenso", de ahí que suponga un "puro centralismo".

   El diputado Emilio Mayoral, del PSC-PSOE, acusó a Bravo de Laguna de promover "campañas publicitarias" para modificar la Ley Turística "desde el primer día y sin darle una oportunidad", y estrategias para "hacerla fracasar", incluyendo el recurso de inconstitucionalidad promovido por el ministro Soria.

   Mayoral quiso dejar claro que la Ley Turística permitirá construir en Gran Canaria mediante la renovación hotelera unas 30.000 nuevas plazas turísticas de categoría cuatro estrellas, lo que supondría llegar a unas 65.000 plazas contando con las ya existentes.

"PARTE DEL PROBLEMA"

   La diputada María del Mar Julios (CC) defendió la posibilidad de construir hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria de forma controlada, "por tanto, nadie está cerrado al debate, ni grupos parlamentarios ni Gobierno, que ha seguido trabajando con el sector turístico de Gran Canaria", aclaró.

   En cualquier caso, dijo que la iniciativa que propone el Cabildo se ha convertido en "parte del problema" tras el recurso de inconstitucionalidad promovido por el ministro Soria, pues "una parte importante de su contenido ha sido declarado inconstitucional por el propio Gobierno de España".

   A su juicio, aprobar el texto de la iniciativa legislativa introduciría "mayor inseguridad jurídica" al sector, y afirmó que la responsabilidad de la Cámara es "buscar soluciones que no lleven a un callejón sin salida como ésta".

   Para María del Mar Julios, la propuesta del Cabildo no es más que una "coartada" para que el Gobierno del PP intervenga en el sector turístico canario, pues "lo que quiere es el fin de la moratoria y lo que han conseguido es paralizar cualquier tipo de construcción".

   Por último, el diputado popular Jorge Blanco apoyó la toma en consideración de la proposición de ley porque la Cámara tendría la oportunidad de arreglar el "desaguisado" que ha supuesto la Ley Turística, que "se hizo de espaldas a los intereses de Gran Canaria".

   Según Jorge Blanco, "no se puede legislar desoyendo a unos y oyendo a otros, y atendiendo a las exigencias de algún grupo empresarial y rechazando las alegaciones de otros".