El presidente del Gobierno asegura que no ha pensado en dimitir y solicitará ir a declarar "cuanto antes" al juzgado de La Laguna
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado instrucciones a sus abogados --privados-- para que estudien la posibilidad de emprender acciones legales en los próximos días tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de "aparcar" un informe del teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, sobre la gestión de Clavijo en el denominado 'caso Grúas'.
"No descarto ninguna de las acciones legales no sólo para defenderme como ciudadano, sino para poder esclarecer cuáles son las causas que han motivado tanto interés en dilatar esto en el tiempo, ocasionando un perjuicio como presidente y como persona", advirtió este viernes en rueda de prensa.
Según dicho informe --que la Fiscalía de Canarias reduce a un borrador del proceso--, dado a conocer ayer jueves en los medios, el teniente fiscal del TSJC concluye que "no existe responsabilidad penal y no hay un presunto indicio de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la actuación de Clavijo cuando ocupaba la alcaldía de La Laguna durante la concesión a una empresa privada del servicio de retirada de vehículos'.
El presidente canario ha dicho que, ante la "gravedad" de lo publicado en los medios, ha decidido comparecer públicamente porque "siempre" ha querido "dar la cara" y ser "transparente", pues entiende que de lo publicado se desprende que es "más que evidente" que la Fiscalía del TSJC tenía un posicionamiento que ha sido "hurtado" a la Sala de lo Penal y a su propia persona.
LOS HECHOS GENERAN UN "DAÑO" COMO PERSONA Y PRESIDENTE
Fernando Clavijo ha señalado que esta situación le afecta como ciudadano y como presidente y afirmó que le preocupa "mucho" que se haya tenido que enterar por los medios de comunicación que estando esa posición de la Fiscalía del TSJC establecida y remitida a Madrid, la Fiscalía General del Estado dijese que se "aparcase" por la futura entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que hacía decaer la condición de aforado de Clavijo.
"La Fiscalía, sin escuchar a la Sala, que es quien decide o no si es competente, decidió aparcar ese informe por considerarlo que no era conveniente", reiteró el presidente, que detalló que dicho posicionamiento se remitió el 18 de octubre a Madrid y volvió al TSJC el 23 de octubre, un día antes de que fuera aprobado el Estatuto de Autonomía, con esa "recomendación" de la Fiscalía General del Estado.
En su opinión, los hechos son "gravísimos", hasta el punto de que se están vulnerando sus derechos, ocasionándole un "daño" como persona y presidente, incidiendo en que se encuentra "perplejo y triste" por el desarrollo del caso, si bien ha aclarado que no le afecta a su gestión diaria.
"Estamos convirtiendo algo que administrativamente se hizo y es un acto firme, que nadie recurrió, en una deriva penal, obviamente porque hay dos partidos políticos --Unid@s se Puede y Por Tenerife, denunciantes del caso-- con unos intereses claros", ha señalado.
Clavijo, que ha comparecido ante los periodistas arropado por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha confirmado que no ha pensado dimitir ante el desarrollo del caso ni que tenga que asumir alguna responsabilidad política, entre otras cosas porque afecta a su gestión como alcalde en la pasada Legislatura.
Ha negado que tenga algún temor por que el caso vuelva al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna porque "la justicia es la misma arriba y abajo", aparte de que ya "archivó" el caso y está "convencido" de que quedará "claro" nuevamente que el rescate del servicio de grúas fue ajustado a derecho.
"AL FINAL NO SE ESTÁ IMPARTIENDO JUSTICIA"
En esa línea, ha anunciado que pedirá ir a declarar al juzgado "cuanto antes" para aclarar el caso. "Después de un año y medio, todavía no se me ha escuchado, y ante el hurto de determinados informes, manifiesto mi preocupación y esta perplejidad", ha apuntado.
Sobre la imagen del conflicto abierto entre el Gobierno de Canarias y la estructura judicial, ha dicho que es "muy preocupante" la percepción que se están llevando los ciudadanos, con un "espectáculo que no es gratificante", pero que ha ocurrido también con la gestión del impuesto de las hipotecas o la renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial.
"La justicia tiene que ser justicia y si la Fiscalía tenía un posicionamiento no puede hurtarlo ni a mí ni a la Sala, tiene que hacerlo ver, y luego la Sala decide si lo incorpora", ha señalado, subrayando también que "no vale decir que no es conveniente, ¿por qué no es conveniente?, esa es la pregunta", ha indicado.
A su juicio, alrededor del caso, los ciudadanos también deben estar pensando que "al final no se está impartiendo justicia".
