Las Comisión Estatal que reúne a empresas y trabajadores rechaza el ERE a los estibadores del Puerto de Las Palmas

Actualizado: miércoles, 11 marzo 2009 17:28

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Paritaria Sectorial, integrada por la patronal que aúna a las empresas de estiba y a los representantes sindicales, ha rechazado por unanimidad el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y que afectaba a más de 170 trabajadores.

La Comisión Paritaria, integrada por las empresas de estiba de todo el Estado, hizo suyas las argumentaciones de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP) de Las Palmas, que rechazaba por "ilegal" el ERE anunciado, según informa la ASEP en un comunicado.

El presidente de ASEP y representante de los estibadores de Las Palmas, Miguel Rodríguez, calificó la decisión de este martes de la Comisión Paritaria Sectorial como "un paso más" que demuestra que los planteamientos de la parte laboral se ajustan a derecho, hasta el punto de ser asumidos por las empresas.

Rodríguez recalcó que los estibadores de Las Palmas han abordado con "racionalidad" la nueva situación del Puerto de la Luz y de Las Palmas, planteando renuncias económicas, desbloqueando la salida de fruta debido a una mala organización empresarial y actuando con legalidad en relación al ERE anunciado por la Autoridad Portuaria.

UNA "ILEGALIDAD" ANUNCIADA

La semana pasada, los estibadores denunciaron que la regulación de empleo de Sestiba es "ilegal" e "improcedente". El dirigente sindical Miguel Rodríguez calificó entonces de "unilateral e impuesto" el ERE, que "incumple el acuerdo marco que regula las relaciones laborales en el Puerto". Ante la falta de respuesta, los trabajadores han retirado su propuesta de la mesa de negociación.

Los estibadores del Puerto de la Luz y de Las Palmas han retirado de la mesa de negociaciones su propuesta económica ante la ausencia de respuesta por parte empresarial.

La Asociación Sindical de Estibadores Portuarios de Las Palmas (ASEP) había puesto plazo hasta el pasado viernes para que la otra parte se pronunciara sobre la buena disposición de los trabajadores a aportar 5,5 millones de euros de sus salarios para afrontar la bajada de actividad portuaria; a su vez, el sindicato reclamaba tanto a empresarios como a la Autoridad Portuaria que asumieran su parte de responsabilidad, contribuyendo también a financiar la deuda de Sestiba.

Ante la falta de respuesta y la presentación unilateral del expediente de regulación de empleo (ERE) por parte del presidente de Sestiba, Javier Sánchez Simón, la ASEP denunció, a través de su presidente Miguel Rodríguez, "la ilegalidad" de esta regulación de empleo, "que incumple al menos dos de los puntos del acuerdo marco" que rige las relaciones laborales en el sector.

CAÍDA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA

En concreto, Miguel Rodríguez se refiere al porcentaje de caída de la actividad portuaria, y al incumplimiento de los trámites de presentación del ERE desde el punto de vista formal. En el primer caso, el acuerdo marco condiciona la presentación de un expediente de regulación de empleo al hecho de que la caída de la actividad se situé por debajo del 75%, y que además se prolongue a lo largo de un mínimo de seis meses.

Al respecto, el presidente de ASEP recordó que el ERE del Puerto de la Luz y de Las Palmas "se ha presentado cuando se ha producido una caída de la actividad durante tan sólo dos meses, que si bien en enero fue del 70% en febrero no va a ser inferior al 90%".

Además, el ERE ha sido presentando directamente ante la Dirección General de Trabajo, cuando el Acuerdo Marco establece que debe presentarse previamente ante la Comisión Sectorial Estatal. "El incumplimiento de ambos puntos convierte, por tanto, en improcedente el expediente presentado por Sestiba", resume el presidente de ASEP.

Rodríguez concluyó que "frente a la reiterada disponibilidad manifestada por los trabajadores a negociar una regulación de empleo que, entre todos, ayude a paliar los efectos de la crisis con el menor impacto laboral posible, los empresarios tratan de imponer un ERE de forma unilateral e ilegal".