Las Palmas de Gran Canaria, 18 Mar.
Greenpeace ha recibido un escrito fechado el pasado 5 de marzo y firmado por el Jefe de Unidad de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Sr. Rudolf Niessler, "confirmando que no existe disponibilidad de presupuesto ni en los Fondos de Cohesión ni en los fondos Feder europeos para el proyecto de construcción del Puerto de Granadilla", según afirma hoy dicha organización ecologista.
Para Greenpeace, "esta confirmación pone de manifiesto los extraños intereses que se esconden detrás de esta infraestructura De llevarse a cabo finalmente, se trataría del único proyecto de estas dimensiones que no obtiene financiación europea. Otras obras de características similares como el puerto exterior de Coruña, la última de las grandes infraestructuras portuarias aprobadas por el Ministerio de Fomento, ha recibido 280 millones de euros procedentes de Fondos Europeos de Cohesión así como un crédito de 130 millones de euros de Banco Europeo de Inversiones (BEI) para su construcción".
Sin embargo, Greenpeace resalta que "la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, a pesar de no haber obtenido financiación comunitaria, está dispuesta a acometer una obra de más que dudosa rentabilidad económica gracias a los créditos millonarios obtenidos de diferentes entidades financieras a pesar de que su financiación no está contemplada dentro de los Presupuestos Generales del Estado".
Por otra parte, Greenpeace "sigue a la espera de obtener una respuesta por parte de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente a los que se dirigió hace ya dos meses pidiendo la retirada del proyecto de construcción de este puerto industrial en la costa de Granadilla en base a lo dispuesto en un Dictamen del Consejo de Estado que reclama de forma urgente la decidida protección de la biodiversidad marina y costera".
Los ecologistas dicen que "ambos ministerios han incumplido el plazo de dos meses dispuesto por la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental, que pretende conseguir una mayor concienciación en materia de medio ambiente, una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, una mejora del medio ambiente".
En el mismo documento, la organización ecologista "reclamaba explicaciones por las actuaciones de ambos ministerios respecto al caso de corrupción en el que se ha visto envuelto el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, tras ser acusado por el juez Baltasar Garzón del cobro de cuantiosas comisiones supuestamente pagadas por la entidad Parque Marítimo Anaga, S.A, filial urbanística de Fórum Filatélico Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, S.A. en el caso de la Marina de San Andrés".
A juicio de Greenpeace, "este caso tiene una relación muy importante con el puerto de Granadilla, ya que la ubicación elegida para esta marina deportiva imposibilita cualquier ampliación por el norte del Puerto de Santa Cruz. Esta imposibilidad de ampliación ha sido la excusa utilizada por la Autoridad Portuaria para justificar la construcción del Puerto de Granadilla".
"La Comisión Europea ha reconocido que ocasionará graves daños ambientales y que no lo financia. El presidente de la Autoridad Portuaria está siendo investigado por aceptar sobornos para construir una marina que impide ampliar el puerto de Santa Cruz y sirve a la vez de coartada para justificar el puerto de Granadilla. Sin embargo a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente todo les parece bien y ni siquiera se molestan en responder a las peticiones de información formuladas por los ciudadanos. Es el peor ejemplo imaginable", declaró María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace.
