ARRECIFE (LANZAROTE), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró hoy que el Ejecutivo regional está dispuesto a buscar una solución para resolver el problema en el que se encuentran sumergidos los hoteles de los municipios de Teguise y Yaiza, ambos en Lanzarote, afectados por sentencias que anulan sus licencias urbanísticas.
Berriel, que compareció en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno en Arrecife (Lanzarote), incidió en que el Ejecutivo regional pretende colaborar para "intentando reconducir la situación por la senda de la legalidad".
En este sentido, indicó que desde la Administración autonómica se intentará legalizar "todas" las infraestructuras que están acorde con el planteamiento territorial y urbanístico porque, añadió, se trata de una situación "no sólo de interés económico sino de interés general".
Por ello, incidió en que ahora será necesario que se "corrijan los defectos que llevaron al tribunal a suspender las licencias para normalizar una situación que afecta a la economía, al empleo y a la credibilidad de la imagen de Lanzarote y de toda Canarias".
"EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD"
Por otro lado, señaló que desde el Gobierno regional "no" se quiere "polemizar en este asunto por un ejercicio de responsabilidad", ya que se trata de un problema que "daña la imagen de Lanzarote, la de Canarias, crea alarma e incertidumbre económica".
Por ello, Berriel y la consejera de Turismo del Ejecutivo canario, Rita Martín, se reunirán, previsiblemente, la próxima semana con representantes del Cabildo de Lanzarote, así como de los ayuntamientos de Teguise y Yaiza, de sindicatos y del colectivo de hoteleros de Lanzarote para buscar una solución al problema.
De todos modos, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial puntualizó que el Ejecutivo "no quiere interferir ni adoptar decisiones ni soluciones de forma unilateral" en dicho problema porque "corresponde afrontarlo a los propios implicados" --Cabildo de Lanzarote, ayuntamientos de Teguise y Yaiza, entre otros-- con el fin de que la solución se base en una concepción del "cumplimiento de la legalidad".
PLAN DE MEDIDAS URGENTES
Por otro lado, Berriel hizo referencia al anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes donde dijo existe un apartado en el que se establece la posibilidad de legalizar instalaciones hoteleras que por, normativa surgida con posterioridad a su licencia, se ven ahora imposibilitadas de poderse instaurar en la "senda de la legalidad" y registrarlas "convenientemente".
Añadió que un requisito "imprescindible" que establece la ley "es que las instalaciones" deberán ser "acordes" con el planeamiento urbanístico vigente, de ahí que el Gobierno regional no llevará a cabo ninguna actuación fuera de ese marco que "es la legalidad urbanística".
Sin embargo, el Ejecutivo regional "sí" podrá facilitar los trámites burocráticos y administrativos que puedan estar dificultando la consecución de esa legalidad en estos y otros establecimientos de las islas.
El Gobierno espera que de la reunión con los implicados pueda salir una estrategia de verificación y del cumplimiento de la sentencia "volviendo a colocar en situación regular" a los establecimientos que han estado funcionando.
PETICIÓN DE LA UE
Por otro lado, en cuanto a una petición del eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein al Parlamento europeo para que se revisen las ayudas concedidas a los hoteles de Lanzarote, ha llevado a la Unión Europea a solicitar todos los expedientes de concesión de las ayudas e incentivos regionales que se concedieron en su momento.
El importe de estas ayudas, según Berriel, "rondaría los 30 millones de euros" e indicó que si hubiera que devolver ese dinero, supondrían "30 millones de euros menos para el turismo y para la economía de Lanzarote y de Canarias".
De todos modos, indicó que el Ejecutivo regional "no valora positivamente la denuncia en esa materia ni las devoluciones en ese tipo de fondo".
