LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La firma de un convenio con la familia Del Castillo para instalar una gran superficie comercial en los terrenos del mercado municipal ha dinamitado el consenso alcanzado por el gobierno local y la oposición para aprobar el Plan General de San Bartolomé de Tirajana en el presente mandato. Ambas partes venían trabajando de manera conjunta en el documento, hasta que la oposición rechazó aprobar las alegaciones en un pleno que todavía está por convocar.
Uno de los asuntos que ha obstaculizado el entendimiento y ha motivado que el Partido Popular (PP) se oponga a dar ese paso en la tramitación del planeamiento municipal es, precisamente, el mencionado convenio. Los conservadores no desaprueban que el centro comercial se instale finalmente en San Fernando de Maspalomas, pero exigen al grupo de gobierno la documentación sobre ese acuerdo para estudiarla, al tiempo que también mantienen en liza la opción de Meloneras, que es el emplazamiento que siempre ha defendido Marco Aurelio Pérez. De hecho, existe un preacuerdo con el grupo Lopesan para realizar esa operación, que se remonta a la etapa en la que Pérez era alcalde.
Sin embargo, Nueva Canarias rechaza esa opción y apuesta porque la infraestructura de ocio se ubique finalmente en los alrededores del mercado. Para ello argumentan las mayores plusvalías que ese cambio de localización reportaría a las arcas municipales, que según el concejal Ángel López rondaría los 90 millones de euros.
El problema está en que esos terrenos no son públicos, ya que pertenecen a la familia Del Castillo. De ahí que NC quiere llegar a un acuerdo con los propietarios para que la mayoría de ese suelo pase a titularidad municipal, a cambio de aumentar hasta un 55% la superficie comercial que esta familia posee en la zona. Esa parcela iría destinada a un gran almacén, que está proyectado que sea El Corte Inglés, aunque los nacionalistas no quieren ponerle apellidos a la superficie. Así se refuerza la posición del Ayuntamiento y se deja abierta la posibilidad de que la multinacional se instale finalmente en el Sur. En ese caso, serán los herederos del Conde los responsables de negociar dicha operación, mientras que el municipio obtiene el 80% de los terrenos que rodean la futura infraestructura.
