Dávila reclama "unidad" para que los fondos que pertenecen a Canarias se queden en las islas

Rosa Dávila
CEDIDO POR ARTURO RODRIGUEZ/PRESIDENCIA GOBIERNO D
Actualizado: viernes, 24 agosto 2018 15:33

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha reclamado este viernes "diálogo, consenso y unidad" a todos los agentes sociales, políticos y económicos de las islas para "lograr entre todos que los fondos que pertenecen a las Islas se queden en Canarias y que se puedan invertir en la sanidad, la educación y las políticas sociales".

"Es justo y de sentido común defender que el dinero de Canarias se quede en Canarias y hay asuntos en los que se debe superar el color político porque el interés general debe estar por encima de todo eso", explicó la responsable regional.

Según recuerda el Gobierno de Canarias en una nota de prensa, el Gobierno de España no ha planteado la flexibilización de la regla de gasto, lo que impide que Canarias, junto a otras comunidades autónomas y corporaciones locales cumplidoras, utilicen su superávit para mejorar los servicios públicos esenciales.

En este sentido, Dávila ha hecho especial hincapié en el caso del archipiélago, el superávit "se produce por el cumplimiento reiterado de los objetivos de estabilidad, combinado con la regla de gasto, que frena nuestra capacidad para utilizar estos fondos". "Se trata de un parámetro injusto que limita la capacidad de gasto de Canarias", aseveró.

Por ese motivo, Dávila mostró su sorpresa por las manifestaciones realizadas en las últimas horas por algunos dirigentes políticos. "No lo entendemos --dijo--, en primer lugar, porque ha sido una reivindicación que estos partidos han defendido cuando estaban en la oposición al Gobierno de España, por lo que pedimos coherencia; en todo caso lo importante en aunar esfuerzos y evitar enfrentamientos innecesarios cuando se trata de defender Canarias".

CUMPLIMIENTO "REITERADO" DE CANARIAS

La consejera aclaró que este superávit no es el resultado de una mala gestión, sino "todo lo contrario", para insistir en que se produce por el cumplimiento "reiterado" de los objetivos de estabilidad, combinado con la regla de gasto, cuya aplicación estricta "frena nuestra capacidad para utilizar estos fondos que son de Canarias".

En este sentido, recordó que la regla de gasto solo permite utilizar el superávit en dos supuestos. El primero de ellos es amortizar deuda, "algo que no tiene sentido en las islas porque es la comunidad autónoma española con menor deuda per cápita".

Mientras, el segundo supuesto es que se utilice para inversiones financieramente sostenibles, "que en realidad están limitados a inversiones extraordinarias, que no consolidan gasto y que no responden a las verdaderas necesidades de la ciudadanía: los servicios públicos esenciales".

"NOS ENCONTRAMOS CON 598 MILLONES QUE NOS PODEMOS UTILIZAR"

"La consecuencia --destacó Dávila-- es que nos encontramos con 598 millones de euros que son nuestros, que nos hacen falta y que no podemos utilizar de mantenerse la aplicación estricta de la misma".

También comentó que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincia, Abel Caballero, en representación de todos los ayuntamientos españoles, trasladaba ayer la misma petición al Gobierno de Pedro Sánchez.

En cuanto a la proposición de ley presentada este viernes por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la consejera exigió que se utilice esta iniciativa para reformar la regla de gasto, "no solo para evitar un veto del PP en el Senado".

Finalmente, la Consejera recordó que el Gobierno de Canarias hizo llegar una propuesta concreta al Ministerio de Hacienda el pasado 27 de julio, que no ha tenido respuesta. Espera que en el proceso de negociación política sea tenida en cuenta y se sumen todos los partidos con representación en el Congreso para que la capacidad de gasto y el impulso económico de las administraciones cumplidoras no se vea lastrada por el techo de gasto impuesto por el Gobierno de España.