Profesores se concentran en ambas capitales y entregan sendos escritos en las sedes de la Consejería de Educación
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Los docentes de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) denunciarán en los tribunales al director general de Universidades del Gobierno regional, Juan José Martínez, por haber utilizado una lista de correo electrónico de la Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación Universitaria (Acecau) para dirigirse personalmente a cada uno de los profesores e intentar frenar su huelga prevista para hoy, que califican de "rotundo éxito".
Así lo anunció a los medios de comunicación el presidente de la junta del personal docente e investigador (PDI) y miembro del Comité de Huelga de la ULPGC, Santiago Rodríguez, ante la sede de la Consejería de Educación en la capital grancanaria, donde se concentraron una veintena de profesores.
Rodríguez destacó que en ambas universidades el acto de protesta ha sido "un éxito". "Está completamente parada la actividad académica y es mínima la cifra de profesores que están impartiendo", señaló el dirigente sindical, que recordó que alrededor de 3.000 docentes de ambas instituciones exigen a la Consejería regional de Educación que cumpla los acuerdos suscritos en relación a la consolidación de complementos retributivos.
Representantes de los profesores entregaron tanto en las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife un escrito dirigido al director general de Universidades a fin de reiterarle los motivos de esta nueva movilización del profesorado universitario.
Rodríguez expresó la "respuesta radical" de los docentes así como de los rectores de la ULL y de la ULPGC, Eduardo Doménech y José Regidor, respectivamente, contra "la actuación completamente atípica que ha llevado a cabo el director general de Universidades".
"HA SOBREPASADO EL LÍMITE DE LA LEGALIDAD"
A su juicio, Martínez "ha sobrepasado el límite de la legalidad", al considerar que "no se puede utilizar una lista de correo electrónica institucional para comunicarse con los profesores para decir medias verdades y grandes mentiras para proponer que no vayan a la huelga".
"Eso no se puede hacer, es totalmente ilegal porque como hoy ha reconocido el director ha utilizado la lista que ha elaborado la Acecau", un ente del Ejecutivo autonómico, para gestionar los complementos retributivos de los educadores.
Para el miembro del Comité de Huelga la utilización de dichos correos constituye "un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos por parte del director general con el beneplácito del director de la Agencia, que es responsable de guardar la base de datos".
En este sentido, recuerda que "el Estatuto del Empleado Público establece claramente como falta muy grave cualquier acción encaminada a limitar el ejercicio del derecho a huelga".
De ahí que adelanta que ya ha contactado con abogados para estudiar las acciones a emprender en los tribunales y que se plantearán en la junta de personal, una medida acordada también con la universidad tinerfeña. Igualmente, indicó que los Rectorados de la ULL y de la ULPGC "ya han trasladado esta situación a sus servicios jurídicos". Asimismo, en los próximos días se convocarán asambleas para abordar nuevas medidas de presión.
CONSOLIDAR 3.000 EUROS ANUALES
Rodríguez no entiende la postura del Gobierno canario de "no querer negociar" con los representantes de los docentes e hizo hincapié en que la demanda es que la Consejería canaria de Educación cumpla los acuerdos firmados con los representantes del profesorado el 2 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2008 en materia de consolidación de complementos retributivos.
"Eso no supone ni medio euro más para ningún profesor de las universidades públicas canarias", remarcó, al tiempo que desmintió las afirmaciones del director general al respecto, cuya actuación tildó de "totalmente mezquina".
En el escrito entregado en las sedes de la Consejería de Educación en ambas capitales, los Comités de Huelga de la ULL y de la ULPGC subrayan que el Gobierno regional "conoce perfectamente" las causas del conflicto que se inició en el curso 2004-2005 con la imposición arbitraria del actual sistema de complementos retributivos, así como las vías de solución pactadas y firmadas con el profesorado para la solución definitiva a dicho conflicto.
Así, aluden al acuerdo de aceptación del principio de consolidación de dichos complementos, sustanciados en 2005 en la cantidad de 3.000 euros anuales; y un acuerdo posterior en 2008 para negociar la ampliación de tramos a consolidar como paso previo a la puesta en marcha del nuevo sistema de complementos.
REANUDACIÓN DEL CONFLICTO
"Éste y no otro es el sentido de la actual prórroga del sistema hasta diciembre de 2011, y en la medida en que esto no ha sido posible hasta ahora, éste y no otro es el sentido de la demanda de prórroga indefinida a partir de esa fecha. Por tanto, los acuerdos firmados entre el Gobierno de Canarias y el profesorado universitario serán literalmente incumplidos", añaden.
Para los representantes sindicales, "no cabe ningún subterfugio ni excusa al respecto, si antes de la finalización del actual sistema de complementos, primero, no se ha hecho efectiva la cantidad de 3.000 euros anuales al profesorado que en su día consolidó dicha cantidad y, segundo, no se ha negociado la ampliación de las cantidades a consolidar".
A ello suman la reincorporación de la representación del profesorado en el Consejo Rector de la Acecau. Afirman que "sólo así se podrá cerrar definitivamente el conflicto que se inició en 2004, de lo contrario será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Canarias la reanudación de un conflicto que el profesorado entendía que había entrado en una vía de solución".
PLANTILLAS "ENVEJECIDAS"
Igualmente, en relación al incumplimiento de la consolidación, lamentan la actitud del Gobierno canario respecto al Plan de Prejubilaciones iniciado en la ULL, "así como a otro de parecidas características que pudiera pactarse" en la ULPGC, pues remarcan que "las prejubilaciones son la vía sistemática de renovación y rejuvenecimiento de las plantillas docentes e investigadoras de las universidades", como ordena la propia Ley Orgánica de Universidades.
Por ello, estiman que "no es de recibo" que la administración regional "no se comprometa activamente en el objetivo esencial de renovar y potenciar académica y científicamente las universidades públicas de Canarias, hoy seriamente afectadas por el envejecimiento de sus plantillas y el grave riesgo de que la jubilación se produzca simultánea y masivamente".
