SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La empresa Tile House Canarias, S.L. fue la adjudicataria del contrato de ejecución de obras de demolición de la vivienda unifamiliar del número 13 de la calle Cornisa Cuarta. La casa, recientemente desalojada, pertenece Pedro García y Esperanza González y está ubicada en la parcela 67 de Residencial Anaga, según fuentes municipales. Desde el ayuntamiento comunican que la citada compañía "no puede afrontar la tarea".
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el viernes 29 de septiembre un anunció del día 19 del mismo mes, en el que se hacía pública la resolución del concejal de urbanismo, Manuel Parejo, por el que se acuerda la iniciación de procedimiento de resolución del contrato de obras para la demolición de la mencionada edificación. Según el BOP, se dictó con fecha 1 de septiembre de 2006, la rescisión del contrato de referencia, adjudicado a Tile House Canarias, S.L. y añadía que "intentada su notificación en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que ésta se hubiese podido practicar y, apreciada la concurrencia de los presupuestos a los que se refiere el artículo 61 de la misma Ley".
Asimismo, el boletín indica que la empresa adjudicataria pierde el contrato por "incumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo". Ante esta circunstancia la Gerencia de Urbanismo da un plazo de 15 días a Tiles House Canarias para alegar contra la decisión municipal y a comparecer en las dependencias de urbanismo si así lo creyeran conveniente. Fuentes municipales informan de que la empresa en cuestión "no puede afrontar el encargo por problemas internos", de manera que se convocará un nuevo concurso para ejecutar una orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la de derribo de una vivienda que fue construida con una licencia errónea otorgada por la gerencia de urbanismo, ocasionando un gasto que deberá sufragar el ayuntamiento. La corporación se comprometió a pagar 90.000 euros a la familia Díaz-González y correr con los gastos del derribo de la vieja casa y construcción de la nueva.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podría regular esta vivienda, si llega a aprobarse antes de que sea demolida. No obstante, muchos habitantes de esta urbanización apoyaron el cambio del plan de ordenación de la misma en beneficio de hogares como el de los García-González, mientras que otros tantos -cerca de 3.000 firmaron alegaciones- rechazaron la modificación. La alteración del PGOU traería nuevos criterios de edificación para salvar decenas de inmuebles como la 'casa roja', que de no ser así quedarían fuera de ordenación, de manera que las arcas municipales tendrían que afrontar el coste de las indemnizaciones por posibles derribos de las viviendas construidas fuera de los criterios del PGO de 1992.
