Santa Cruz de Tenerife, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, Pablo Santolaya, cuestiona la viabilidad parlamentaria del tratamiento de la extranjería y la inmigración en la propuesta de la reforma del estatuto de Autonomía de Canarias. Este experto constitucionalista afirma que la efectividad en la asunción de competencias en materia laboral precisará la modificación de la Ley de Extranjería.
La revista del Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña publica un artículo de Pablo Santolaya en el que se analiza el tratamiento de la extranjería y la inmigración en las reformas de los estatutos de autonomía.
Para este experto cuando termine de tramitarse la propuesta canaria, el nuevo Estatuto de las islas podrá sumarse a la opinión "moderada y matizadamente positiva" que Santolaya tiene de las reformas catalana y andaluza. Una valoración que se sustenta en la idea de que "todos ellos se enfrentan, clara y directamente, a un problema que no pueden eludir". Se refiere a la influencia de la inmigración en sus competencias.
Para este catedrático, la tres comunidades autónomas abordan esta nueva realidad mediante soluciones que "pueden ser aceptables y que probablemente respondan a la lógica de un estado descentralizado", en el que la inmigración es una realidad de creciente importancia.
Es preciso, sin embargo, agrega Santolaya, que las soluciones que aportan este grupo de estatutos sean "complementadas" con la reforma de la Ley de Extranjería, "sin la que sus supuestas competencias en materia de permisos de trabajo quedará reducida a una norma, en cierta forma, programática y también mediante la delegación de competencias en materia de residencia, inseparables en su gestión de las de trabajo".
De las reformas pendientes de tramitación en las Cortes Generales, este catedrático sostiene que el planteamiento "más ambicioso" es el canario. Pablo Santolaya se detiene en cuatro aspectos concretos. En primer lugar se refiere a la "detallada" descripción que realiza de su competencia, que califica de exclusiva, de integración social de los inmigrantes.
En segundo lugar se refiere a la proclamación de las competencias ejecutivas en materia de autorización de permisos de trabajo, en términos similares a los de Andalucía, pero recurriendo a la técnica de las leyes de trasferencias o delegaciones, es decir, a la Lotraca.
Este experto destaca además que la propuesta de Canarias "pretende no sólo que se transfieran competencias en materia de trabajo sino también de residencia". Esta técnica, tal y como recuerda, fue eliminada por las Cortes Generales, "por lo que es previsible que tenga un destino similar". Un hecho, que de hacerse realidad, significará, igual que ocurre con los estatutos de Cataluña y Andalucía, que la "efectividad" de la asunción de estas competencias ejecutivas en materia laboral "precisará" la reforma de la Ley de Extranjería.
El tercer aspecto resaltado es la "amplitud" que el nuevo Estatuto pretende dar a la participación de Canarias amparándose en su situación geográfica, en la política estatal en esta materia, que abarcarías las "decisiones del estado sobre inmigración con especial trascendencia en Canarias". Una afirmación, en opinión de Santolaya, de destino "incierto" de cara a su tramitación parlamentaria.
Igualmente de "futuro incierto" es la opción de una policía autonómica que, entre otras labores, "facilitará el intercambio de información en asuntos de inmigración con las autoridades policiales de otros países cercanos a Canarias". También cuestiona la representación paritaria de Canarias en la Junta de Seguridad.
