Fepeco denuncia la "durísima competencia desleal" de la economía sumergida en el sector de la construcción

Actualizado: jueves, 10 abril 2014 12:28

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios del sector de la construcción, especializados en obras de rehabilitación y reforma, han dicho estar "muy preocupados y alarmados" por la incidencia de la economía sumergida en este tipo de obras, y denuncian que soportan una "durísima competencia desleal" que está poniendo en peligro la viabilidad de muchas empresas y autónomos legalmente establecidos y la creación de nuevo empleo en la economía formal.

Por ello, demandan a las administraciones competentes medidas urgentes para reconducir la situación, una petición que se puso sobre la mesa en una reunión de trabajo que se desarrolló en la sede de Fepeco, en la que estuvieron presentes representantes de empresas y autónomos integrados en el Registro de Reformas y Rehabilitacion.

Los empresarios han propuesto algunas soluciones, como la organización de visitas a obras sospechosas o denunciadas en la Federación de estar en una situación de irregularidad para informar a los trabajadores y propietarios de los inmuebles de sus responsabilidades y de las consecuencias negativas que tiene operar en la economía sumergida.

Otra de las acciones planteadas es la realización de una campaña de mentalización ciudadana sobre las consecuencias de la economía sumergida en el sector de la construcción para informar a los vecinos de las responsabilidades que asumen cuando realizan obras sin amparo legal.

OFERTAS "MÁS BARATAS"

Los empresarios denunciaron la frecuencia de casos donde sus presupuestos no pueden competir "de ninguna forma" con ofertas "mucho más baratas", presentadas por personas y empresas que "no pagan impuestos, ni cotizaciones sociales, ni soportan otros costes asociados a la aplicación de las normativas de salud y seguridad laboral".

"Además, tampoco ofrecen garantía alguna de calidad en la ejecución de los trabajos realizados, ni respuesta en caso de problemas dentro de los periodos que marca la legislación de protección a los consumidores", añaden.

En este sentido, se ha detectado en la Federación que tanto ciudadanos como comunidades de propietarios, e incluso algunos profesionales liberales, solicitan presupuestos a empresas asociadas a Fepeco con el objetivo de tener una referencia para después encargar la obra a bajo precio a personas que trabajan ilegalmente.

Otro de elemento de debate fue la falta de profesionalidad y los comportamientos poco éticos de personas que, sin titulación adecuada y legal, llevan la gestión de las comunidades de propietarios y se enfrentan a la gestión de presupuestos y la contratación de obras en los inmuebles.

Fepeco alerta de que las empresas legalmente establecidas "a duras penas" pueden mantener su actividad y sus plantillas, y en algunos casos se está llegando al cierre y el despido de trabajadores. Así, la Federación estima que si se reduce la incidencia de la economía sumergida en el sector de la construcción solamente en un 30%, se crearía en la provincia tinerfeña más de 2.000 empleos de manera directa.

"FALTA DE CONCIENCIA SOCIAL"

Los empresarios también destacan la falta de conciencia social sobre los derechos que amparan a los consumidores, y el desconocimiento de las responsabilidades civiles y penales que asumen los propietarios de inmuebles o las comunidades de propietarios cuando encargan la realización de obras a personas o empresas que no están legalmente autorizadas.

Aunque la administración autonómica ha realizado campañas para luchar contra la economía sumergida en otros sectores, Fepeco considera que en el sector de la construcción "no han tenido ningún impacto".

La patronal está convencida de que sólo con medidas represivas y coercitivas no se puede resolver el problema. Por ello, estima que sería "muy apropiada" una reasignación de los "escasos recursos públicos disponibles" y destinar un presupuesto específico a medidas que permitan reducir progresivamente la economía sumergida.

Fepeco recuerda que la economía ilegal supone el 20% del PIB canario, según los últimos datos disponibles, más de tres puntos por encima de la media nacional, que se calcula en el 24,6%.