SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias descarta la adopción de la medida anunciada por el Ejecutivo vasco para gravar con un impuesto a los pisos vacíos. El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro, afirmó que con las subvenciones a los propietarios y con el nuevo reglamento de la Reserva de Inversiones (RIC) se estimula el alquiler y la venta de las viviendas desocupadas.
La evolución del precio de la vivienda en las islas fue hoy debatida en la comisión del Parlamento a instancias del PP. El portavoz popular, Fernando Toribio, insistió en la necesidad de que Castro confirmara los datos del consejero regional de Economía, José Carlos Mauricio, de que la RIC ha motivado la existencia de 100.000 pisos vacíos en Canarias o "si es una típica deformación" del titular económico.
Antonio Castro declaró que no le constan las cifras de Mauricio salvo que el titular económico se refiriera a los "residenciales turísticos que no son del plan de vivienda" que controla su Consejería. Las cifras que maneja el consejero de Vivienda es que, en la Comunidad Autónoma, las viviendas desocupadas rondan la cifra de las 25.000. Pero, tal y como especificó, solamente unas 9.000 viviendas vacías son para especular.
El consejero se mostró muy satisfecho por las políticas desarrolladas por el Gobierno canario llegando a afirmar que "se ha logrado la cuadratura del círculo". En este planteamiento triunfalista incluyó las medidas adoptadas para estimular la salida del mercado de los pisos vacíos.
Castro descartó la posibilidad de gravar con un canon diario las viviendas desocupadas, como propone el Gobierno vasco y se interesa la Generalitat de Cataluña. El consejero canario declaró que "al final de una legislatura, no parece lógico que se aborde" una medida de estas características.
En esta postura también influye la consideración de que el Ejecutivo canario "ha estimulado" la salida al mercado de los pisos desocupados mediante las subvenciones a los propietarios. Unas ayudas, agregó, que se deben destinar a la mejora del inmueble para su alquiler o venta. Estas viviendas alquiladas gozan además de un seguro que afronta el Ejecutivo y con el que se cubren los desperfectos y los impagos.
Castro hizo hincapié en la modificación del reglamento de la Reserva de Inversiones porque, en su opinión, impedirá sus efectos "perversos", es decir, su inversión en la compra de viviendas. Esta novedad junto a la moderación de la construcción de nuevas residencias, agregó, contribuirá a que los pisos de la RIC salgan al mercado.
A preguntas de Toribio, manifestó que "no vamos a tolerar fenómenos okupas", se mostró partidario de que los alojamientos turísticos se reconviertan para uso residencial, rechazó la extensión de las segundas residencias e informó que, en una promoción de 50 viviendas públicas, entran una media de tres a cuatro familias de inmigrantes.
En relación a la evolución de los precios, dijo que la vivienda libre es dos puntos más barata que en el resto del Estado. Un piso de 90 metros cuadrados, en Canarias cuesta 120.000 euros frente a los 133.000 euros de España. En relación a las viviendas de protección oficial, en España una residencia de 94 metros cuadrados se paga más de 74.000 euros mientras que, en las islas, cuesta unos 4.000 euros menos.
