En 2005, vecinos del municipio presentaron una denuncia por delito ambiental contra las extracciones de áridos
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha reconocido oficialmente la ordenación "poco ortodoxa" de los barrancos de Güímar en Tenerife después de que durante décadas se hayan abierto canteras --con más de 70 metros de profundidad-- dañando las parcelas agrícolas continuas, sin restaurar y sin licencia municipal, puesto que sí contaban con la autorización para la explotación del Ministerio de Industria y, posteriormente, de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.
El Boletín Oficial de Canarias así lo recogía en febrero de 2004 y presentaba además una propuesta que abogaba por la elaboración de un Plan Especial Territorial aprobado por la Consejería regional de Medio Ambiente que, a día de hoy, los vecinos rechazan y las administraciones no han dado una solución con canteras de arena que se han seguido explotando hasta fechas recientes.
Esta situación se remonta, a los años 90, en la que el propio Ayuntamiento de Güímar propuso la ordenación con un plan, que nunca llegó a hacerse efectivo, según recogía dentro del Boletín Oficial de Canarias de febrero de 2005 en el que se reconocía el municipio "como abastecedor de áridos para la isla de Tenerife. Sin embargo, la explotación de estos recursos, a lo largo de los años, se ha llevado a cabo de manera poco ortodoxa, tanto desde una perspectiva minera como legal, lo cual ha derivado hacia una situación altamente preocupante".
En dicho documento se aprobaba la necesidad de contar con un Plan Territorial Especial para la Ordenación en la extracción de áridos reconociendo que "gran parte de las explotaciones mineras allí existentes, que vienen operando desde hace años, son clandestinas; no cumplen con las autorizaciones preceptivas o incumplen la normativa vigente, en especial sobre restauración minera, así como ninguna dispone de la oportuna licencia municipal", sin que hasta el momento se haya ejecutado y que tampoco ha servido para la paralización de las extracciones de las que al menos una estuvo abierta hasta el pasado mes de abril.
Añade además que "lo peor es el caótico modo en que se ha llevado la explotación. Las extracciones, diseminadas a lo largo y ancho del valle, ciñéndose a la limitada superficie disponible de pequeñas parcelas, propias o arrendadas, y bajo ningún control, se han realizado a base de excavar enormes hoyos, algunos con más de 60 metros de desnivel".
Dentro del BOC también se advierte del peligro par los trabajadores, para los vecinos, así como los daños que causa a la agriculturas junto con el impacto ambiental que estas canteras conlleva, reconociendo además que se ha perdido el deslinde del cauce el barranco "con lo que se origina un indudable riesgo de inundación".
Estas circunstancias llevaron a la propuesta de un plan que permitiera la recuperación ambiental, así como que evitase las extracciones de áridos por debajo de los 50 metros y que se mantuviese la combinación entre el sector agrícola con la extracción de áridos. El texto fue tomado por el Cabildo de Tenerife para promover la puesta en marcha de un plan territorial de ordenación que, ahora, parece cambiar de posición después de que el Ayuntamiento de Güímar y la Asociación en Defensa de los Barrancos de Güímar haya mostrado su oposición.
Para la asociación se ha hecho inconcebible que se continúen "explotando los barrancos en favor de unos señores que hacen negocio sin respetar los valores del valle" y han conseguido que el Ayuntamiento apruebe el cierre definitivo, así como el compromiso a que no se reabran, mientras la administración local 'negocia' con el Cabildo de Tenerife para que el plan de ordenación se convierta en la calificación de los barrancos en suelo rústico.
UNA DENUNCIA CONTRA LOS EMPRESARIOS.
A esta situación se suma una denuncia presentada a título particular por vecinos del municipio que han ido contra las cinco empresas responsables de las canteras --hoy precintadas-- por ser constitutivas de un delito ecológico tal y como recoge el artículo 325 del Código Penal.
Así lo ha explicado a Europa Press, el concejal de Alternativa Por Güímar, Francisco Hernández, que aseguró que dicha denuncia se presentó en 2005 tras comprobar que dicho artículo se refería a la situación que pasaba en su municipio.
La ley recoge que será castigado "oficio o profesión que contravenga las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones... con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales".
Hernández asegura que ya algunos de los empresarios han tenido que acudir a declarar ante la fiscalía de Santa Cruz de Tenerife en condición de imputados tras negarse oficialmente a hacerlo de forma voluntaria.
