SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha explicado este jueves que espera una aclaración judicial para saber si una sentencia generada por una reclamación en un proceso de empleo público implica la suspensión de las bases de 17 procesos en curso y que afectan en torno a 15.000 personas.
"No se paraliza, sino que se aplaza el plazo máximo para resolver [estos procesos]. Lo que ha ocurrido es que un juzgado, a consecuencia de una discusión de legalidad de uno de los procesos, ha dictaminado que anula las bases de todos los procedimientos", ha reconocido el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que ha ejercido este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno como portavoz del Ejecutivo.
Se trata, en concreto, de una demanda sobre la oposición al cuerpo general de la escala de arquitectos e ingenieros. "[El Tribunal] ha considerado que las bases de ese procedimiento no eran legales, pero en sentencia anula las bases para todos los procedimientos selectivos. Como ese no era el objeto del pleito, el departamento jurídico de la Comunidad Autónoma ha solicitado una aclaración", detalló.
LA SENTENCIA NO ES FIRME Y PUEDE RECURRIRSE
La sentencia, además, no es firme y puede recurrirse, algo que no se hará hasta saber si incurre nulidad en las bases de uno o de todos los procesos.
"El Gobierno de Canarias va a estar encima para tratar de minimizar el impacto en el resto de procedimientos", incidió, para reconocer que se trata de una "noticia inesperada" y, desde luego, "no es cómoda" por la preocupación de los opositores y las "consecuencias de un recurso".
