SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, reiteró hoy que el "objetivo inicial" del Ejecutivo regional es "llegar a un acuerdo" con las empresas que han presentado reclamaciones como consecuencia de la aplicación de la segunda moratoria turística, pero de no haberlo "se recurrirá a la vía expropiatoria en razón del interés público".
Tras la reunión del Consejo de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, el también viceconsejero autonómico de Comunicación incidió en que "la intención del Gobierno es que no haya ni siquiera que plantearse el pago de indemnizaciones" a las empresas que se han acogido a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo (que reemplaza a la anterior moratoria) por el que se les reconoce el derecho a indemnización a los titulares de suelo de uso turístico que no se pueda edificar por la moratoria, pero que cuentan con derechos urbanísticos.
"La ley establece la posibilidad de que quienes consideren que tienen derechos que pueden ser perjudicados por esa ley tengan la posibilidad de obtener derechos compensatorios, es decir alternativas que le compensen para no ir a la segunda vía que es la de las indemnizaciones o expropiaciones", añadió Marrero, que hizo especial hincapié en que "hay que analizar primero si realmente esos derechos existen, y en caso de que existan, corresponde evaluarlos".
En este sentido, insistió en que el "objetivo inicial" de la administración es negociar para intentar alcanzar un acuerdo "sobre cantidades económicas que el Gobierno considere que hace prevalecer el interés general sobre el de particulares".
"La voluntad inicial del Gobierno es la de dialogar siempre y cuando se considerase acreditado la existencia de esos derechos y por tanto un quebranto patrimonial. La expropiación es la última opción posible", agregó.
Asimismo, Marrero aseguró no disponer de la suma de las cuantías de las indemnizaciones solicitadas por los empresarios y reiteró que "una cosa es lo que pidan los empresarios, otra es lo que considere el Gobierno y una tercera cosa será lo que dictaminen en sentencias firmes los tribunales de justicia".
