Gobierno canario niega que exista falta de voluntad para la IV fase de la circunvalación o la carretera de La Aldea

Actualizado: martes, 27 mayo 2014 16:33

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha negado este martes que exista falta de voluntad para desarrollar las carreteras de Gran Canaria o de cualquier otra isla.

Berriel ha asegurado, en un comunicado y en respuesta a las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que en 2013 el Gobierno regional "abonó 170 millones de euros de fondos propios para las obras de la autovía entre Puerto Rico y Mogán, mientras que durante 2012, 2013 y 2014 el Estado únicamente pondrá 177 millones para toda Canarias".

Por ello, rechazó "las declaraciones insularistas que no llevan más que a la confusión y la desinformación de los ciudadanos porque lo cierto", afirmó, es que actualmente Gran Canaria es la isla donde "más dinero se ha invertido del Convenio de Carreteras".

En relación a este convenio que, criticó, "el Estado lleva tres años incumpliendo de forma sistemática y exagerada, al invertir apenas un 27 por ciento de los 639 millones de euros que había firmado con Canarias", y sobre el que se realizó la planificación de las obras de todo el archipiélago.

Berriel acusó al Gobierno central de hacer "oído sordos a las repetidas peticiones de mejora" solicitadas desde Canarias, permitiendo que las obras de carreteras en las islas "lleguen a una situación crítica, que el Gobierno de Canarias ha tratado de paliar con más de 300 millones de fondos propios, que correspondía poner al Estado".

PREFINANCIACIÓN

En cuanto a la propuesta del Cabildo de Gran Canaria de prefinanciar parte de la carretera de La Aldea y de la IV fase de la circunvalación, Berriel dijo que "es de agradecer" que la institución insular reaccionara "al bloqueo estatal y se ofreciese a prefinanciar dos obras".

Asimismo, agradeció el "enorme trabajo" que están desarrollando los departamentos de Infraestructura Viaria y de Hacienda del Gobierno canario para "encontrar encaje a una operación financiera de muy difícil ajuste con las restricciones de déficit actuales".

Berriel señaló que les "han llevado a una tormenta perfecta" en relación a la sucesión de hechos que han generado la situación actual, ya que apuntó que primeramente "el Estado recorta sin consulta previa y sin tener en cuenta las necesidades de Canarias más de 450 millones de euros que correspondían a las islas", mientras que paralelamente el Gobierno central "prohíbe a la Comunidad Autónoma endeudarse más allá del 1 por ciento para captar fondos con los que pagar por sí misma las carreteras".

Asimismo, suma un tercer factor que, apunta, es la aparición del Cabildo ofreciendo "una operación imposible, puesto que incrementa el déficit de la Comunidad Autónoma, que el Estado ha prohibido" aumentar.

"Un mínimo déficit que el consejero recordó que sirvió para pagar más de 170 millones de euros de la carretera Puerto Rico-Mogán, por lo que es absolutamente falso, tendencioso y sólo puede obedecer a intereses políticos de muy corto recorrido e intentar aparentar que el Gobierno canario maltrata a Gran Canaria en el área de Carreteras", apuntilló.

De todas formas, Berriel insiste en que continúan buscando cualquier fórmula que permita aceptar la prefinanciación de Cabildo porque sigue "chocando sistemáticamente con la barrera de déficit impuesto por el Estado", aunque reitera que están elaborando propuestas para poner en servicio, "cuanto antes", los tramos de la IV Fase de la Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria y de La Aldea-El Risco.

Finalmente, indicó que barajan dos posibles vías, una primera destinada a vincular la devolución a que las aportaciones del Estado vuelvan a superar un mínimo aceptable, que permitiera mantener también las obras en marcha y que calculan en 100 millones de euros; mientras que una segunda es la que el Cabildo afronte directamente la obra y, a cambio, el Gobierno de Canarias ejecute obras de competencia insular, cuando la situación económica lo permita.