SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha comenzado el procedimiento para la devolución de los casi 40 millones de euros de fianzas, que generó el anulado concurso de los parques eólicos, regulado con el decreto 53/2003, durante la gestión del PP en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. El decreto sustitutivo, el 32/2006 con el que se repetirá todo el procedimiento, copia el mismo sistema de garantías mediante avales. El departamento regional de Marisa Tejedor sólo ha recibido cinco reclamaciones de las 400 solicitudes presentadas. Ninguna de ellas ha sido analizada por sus servicios jurídicos ni valoradas las posibles indemnizaciones.
La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marisa Tejedor pudo iniciar el procedimiento administrativo de devolución de las fianzas exigidas para presentarse al anulado concurso eólico, a principios del pasado mes de julio. El departamento autonómico de CC anuló efectivamente el polémico y judicializado concurso mediante una orden del pasado 28 de junio.
Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentenciara la anulación del concurso en diciembre de 2005, la Consejería decide acatar el auto y poner en marcha el procedimiento de revisión de oficio para anular la convocatoria en la que se iban a asignar 344 megavatios.
Tras dar audiencia a las más de 400 solicitudes presentadas, la Consejería tuvo que esperar a que el Consejo Consultivo de Canarias se pronunciara sobre la procedencia de la anulación de la orden de la convocatoria del concurso. Desde la sentencia del TSJC y la anulación efectiva del concurso transcurrieron seis meses.
Hasta que no se anulara esta convocatoria, el Gobierno no pudo comenzar a devolver los avales presentados por los concursantes. Para asegurar la viabilidad de las solicitudes se exigió una fianza de 10.000 euros por megavatio solicitado. Este depósito podía constituirse en metálico mediante un aval.
Las más de 400 solicitudes registradas sumaban un total de 4.000 megavatios. Es decir que los concursantes presentaron avales por un valor cercano a los 40 millones de euros, tal y como confirmó la Consejería de Industria. El Gobierno ha iniciado el procedimiento para liberar a los afectados de la obligación de mantener los avales. Un proceso que es ejecutado por la dirección general del Tesoro de la Consejería de Economía y Hacienda.
El nuevo decreto que regulará el concurso, el 32/2006, copia el mismo sistema de fianzas y garantías. Hay tres tipos, para optar al concurso se exigen 10.000 euros por potencia solicitada, en el segundo se piden 50.000 euros por megavatio adjudicado para asegurar las inversiones previstas y en el tercero se piden otros 10.000 euros por potencia instalada para el plan de desmantelamiento del parque.
La Consejería informó además que solamente se han presentado cinco reclamaciones de las 400 solicitudes registradas y que sus servicios jurídicos aún no han valorado sus consecuencias, incluidas las posibles indemnizaciones.
Los principales esfuerzos de este departamento regional están centrados en la puesta en marcha del nuevo concurso. La Consejería prevé que todo esté preparado para finales de 2006. De momento tiene en vigor el decreto de regulación de la explotación de los parques eólicos y dispone de los borradores de las dos órdenes que ordenarán el concurso. En esta ocasión se subastarán 1.025 megavatios de potencia.
