SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos llevarán la Ley de capitalidad compartida al último pleno de la legislatura que tendrá lugar el 28 de marzo. Así lo acordaron en la ponencia sobre este Estatuto celebrada hoy, a poco más de una semana de la sesión plenaria que cerrará la legislatura; resta esperar a que los letrados redacten el dictamen que tiene que aprobar la comisión de gobernación presidida por el vicepresidente del Parlamento, Alfredo Belda.
El diputado de Coalición Canaria (CC), Augusto Lorenzo, se congratuló de que esta Ley sea fruto del entendimiento y el trabajo conjunto, herramientas que han servido para sacar adelante "esta ley pequeña". Aseveró que desde CC se ha buscado tratar en este estatuto exclusivamente los asuntos que conciernen a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y "no ir más allá de los planteamientos claros relacionados con la circunscripción de la capitalidad". En esta línea, se mostró contrario a establecer nuevas obligaciones para las administraciones para con otros ayuntamientos de Canarias. Causas que motivaron el rechazo del Gobierno a algunas enmiendas del grupo parlamentario socialista, expuestas por su portavoz, Francisco Hernández Spínola. El diputado nacionalista puntualizó que la Ley se ratificará con el acuerdo de todos los grupos, al menos sobre los elementos básicos de la misma.
Por su parte, el socialista Hernández Spínola declaró que el PSC previsiblemente aprobará la Ley en el pleno del 28 de marzo, "aunque todavía tengo que reunirme con mi grupo para decidirlo". Pese a que no quiso dar nada por sentado, el portavoz de los socialistas, está satisfecho porque han entrado a trámite muchas de las enmiendas de su grupo. Pero quedan fuera otras que buscaban "mejorar la ley", como aquellas que proponían dar financiación adicional no sólo a las dos capitales de provincia, sino a las capitales de las otras islas, así como incluir en los presupuestos generales de la comunidad autónoma un apartado específico para financiar las capitales periféricas. Otra de las enmiendas redactadas por el PSC que ha quedado fuera es la que solicitaba que el Consejo de Capitalidad vele por el cumplimiento de la ley de accesibilidad y comunicación, y que la composición del citado Consejo -que tiene siete miembros- fuera completado con un representante de la Consejería de Deportes del Gobierno.
El portavoz popular, Jorge Rodríguez, está satisfecho con la Ley, pero no así con que dos de sus enmiendas al documento propuesto por el Gobierno no hayan sido admitidas, razón por la que las llevará a debate al pleno. Así el Partido Popular pedía que los acuerdos del Consejo de Capitalidad sean vinculantes, ya que en el texto de la ponencia son considerados de carácter preceptivo, pero no vinculante. La otra enmienda popular excluida requiere que las capitales sólo estén obligadas a destinar a viviendas de protección oficial, la superficie que exige la Ley de Ordenación del Territorio.
