LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las comandancias de la Guardia Civil en Canarias han destruido un total de 6.075 armas durante el año 2019, de las que 2.590 se eliminaron en la de Las Palmas y las 3.485 restantes en la de Santa Cruz de Tenerife.
En el conjunto nacional la destrucción de armas alcanzó las 86.566, de las que más de 62.000 eran de fuego, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.
Estas actuaciones, explica, se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.
Así, en dicha Conferencia de la ONU se estableció que cada 9 de julio se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego para promover acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito.
Actualmente la competencia en materia de armas y explosivos del Estado se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, siendo estas unidades las encargadas de controlar el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre ellos la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.
Además para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas. Añade que la inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, ya que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta "siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento".
La Guardia Civil también realiza periódicamente la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas, algunas de ellas implicadas en ilícitos penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Esto permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
