LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Intersindical Canaria ha advertido este martes que recurrirá ante la Fiscalía General la adjudicación provisional que el Gobierno regional hizo a la empresa Lifeblood del servicio de hemodiálisis, mientras estaba al frente de la Consejería de Sanidad la popular Mercedes Roldós.
Así lo expuso en rueda de prensa el representante de la Federación de Salud de dicho sindicato, Bernardo Medina, quien indicó que se ha decidido llevar esta adjudicación provisional hasta la Fiscalía General porque según la información de la que disponen, la Consejería de Sanidad podría haber incurrido en un "delito de prevaricación" en la adjudicación del servicio de hemodiálisis al Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín y al de Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.
De todos modos, Medina puntualizó que aún no han recurrido porque están estudiando dónde presentar la denuncia si en la provincia de Santa Cruz de Tenerife o en Madrid, ya que la que fuera secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud (SCS), Lourdes Quesada, cuando se produjo la citada adjudicación, "es esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco".
Asimismo, explicó que se pretende poner en conocimiento de la Fiscalía una "relación de hechos nacidos de actuaciones del SCS y de la Consejería de Sanidad en relación a este caso que pudieran ser de la competencia del Fiscal Anticorrupción" por entender que se podrían haber cometido "supuestas irregularidades que se aprecian en relación a la adjudicación".
Estas supuestas irregularidades, dijo, se recogerían en el "artículo 404 del Código Penal que cita como delito de prevaricación cuando se trata de una resolución arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia por la autoridad o funcionario público".
Al respecto, señaló que según la información existente el administrador único de la empresa adjudicataria, Lifeblood, es "Francisco Javier Jorcano, un auténtico desconocido en el mundo sanitario", al que también vincularon con el apoderamiento y gerencia de la empresa Inprocasa "propietaria del solar del Canódromo", en Las Palmas de Gran Canaria, y que "firmó el primer proyecto urbanístico estando como alcalde José Manuel Soria (PP)".
A ello, Medina agregó el "papel jugado" por Lourdes Quesada, al frente de la Secretaría técnica de la Consejería. Por estas cuestiones, Intersindical ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción el análisis de esta adjudicación en cuanto a si ha habido "determinados trabajadores que, bajo las órdenes de esta secretaria, elaboraron documentación que no coincide con la que al final salió en el pliego de condiciones elaborado por Lourdes Quesada".
"Este caso huele exactamente igual a lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, en concreto, en la Comunidad de Madrid y de Valencia, de empresas durmientes que al final son utilizadas como ingeniería política para que determinados empresarios, por todos los nombres que conocemos en este caso, estén vinculados directamente al PP", apostilló.
Al respecto, se refirió, entre otros, a Javier Artiles, "abogado externo del SCS", del que dijo "sorprende muchísimo que siendo propietario de la empresa Avericum, que en estos momentos presta servicios en una contrata adjudicada por el SCS, no se presente a este concurso", del servicio de hemodiálisis.
"PARALIZACIÓN" DE LA ADJUDICACIÓN
También solicitaron a la Fiscalía la adopción de "medidas cautelares que impidan de forma efectiva la realización de una actuación que puede no ajustarse a derechos y medidas efectivas como la paralización" de la adjudicación.
Respecto al montante económico del servicio de hemodiálisis, Medina puntualizó que anualmente se cifra en algo más de 30 millones de euros; sin embargo, se trata de un contrato que "según el pliego de condiciones puede ser prorrogado sucesivamente hasta 15 años", lo que supondría el valor del mismo de 124 millones de euros.
Cuestionado desde cuándo se está realizando la adjudicación del servicio de hemodiálisis a empresas privadas, Medina fijó la fecha en el 5 de julio de 2000.
OTROS CONTRATOS
Por otro lado, Medina avisó que existen otros contratos que también están "a punto de finalizar en la sanidad pública canaria", ya que se trata de una "fórmula sobre la que ha incidido mucho la saliente consejera de Sanidad, Mercedes Roldós" al delegar, afirmó, "multitud de competencias en esta materia de contratación tanto en el director de área del SCS en cada una de las islas, especialmente, en Gran Canaria y Tenerife, como en otras figuras de su departamento".
Por ello, aseguró que la "última responsable" de esta situación "es la consejera de Sanidad saliente --Mercedes Roldós (PP)-- y es el consejero de Sanidad --Fernando Bañolas (CC)--", ya que matizó que se trata de delegación de competencias.
Asimismo, desde Intersindical se criticó de "cobardía política" la actuación del actual consejero del área por anteponer la prestación de los servicios sanitarios a los usuarios a posibles pactos para aprobar los próximos presupuestos autonómicos.
"Lo que pretende --Bañolas-- es poner una cortina de humo posponiendo cualquier tipo de decisión para no irritar a los hasta ahora socios de gobierno del PP, porque depende de que en esta semana no salga ninguna declaración del consejero entrante ni nadie del Gobierno de Canarias para que salgan adelanta los presupuestos de esta Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio. Cobardía política, se antepone los intereses de los usuarios y de los trabajadores de la sanidad pública canaria a posibles pactos y acuerdos después de las elecciones", apuntilló.
Además, avisó de que están pendientes de concesión otros servicios, entre los que citó el de radiología oncológica para el Hospital Materno Insular, en el que añadió que en este caso se trata también de las obras de la infraestructura necesaria.
En este sentido, Medina indicó que las obras se le darán a una empresa privada que "se quedará con la concesión de la adjudicación" del servicio.
"Estamos copiando lo peor de lo que fracasó en Europa", subrayó en relación a la política que se practicó en Gran Bretaña con Margaret Thatcher al frente.
SE PERSIGUE LA PRIVATIZACIÓN
Para Medina lo que se persigue con este tipo de adjudicaciones es la privatización en la sanidad pública. Añadió que por la experiencia en otras comunidades autónomas, entre las que citó Madrid y la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP, este tipo de contratos "no sólo no solucionan los problemas de la sanidad pública sino que los agravan".
A ello, añadió que además estas actuaciones "convierten a la sanidad pública en un negocio, en un atractivo pastel" donde los usuarios reciben en cuanto a la calidad asistencial "un detrimento".
Finalmente, Intersindical Canaria lamentó las declaraciones de Roldós, en un periódico, donde calificó a los "medios de comunicación de carroñeros". Además, resaltó que gracias a la información salida en los medios, el sindicato ha podido tener documentación a la que el sindicato "no ha podido acceder" por otras vías.
