SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Economía y Hacienda prevé que el próximo mes de julio dispondrá del informe sobre el impacto de la inmigración en el sistema de financiación autonómica. El titular en la materia y vicepresidente del Gobierno estatal, Pedo Solbes, ratificó recientemente su compromiso de negociar la financiación local en paralelo con la autonómica. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propondrá un sistema fiscal propio, transferencias incondicionales de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas así como un modelo dual de financiación, diferenciado por el tamaño de los municipios.
La problemática del vigente sistema de financiación autonómica para las comunidades de régimen común, aprobado en 2001, comenzó a plantearse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado año. Solbes propuso que cada autonomía enviara un documento al grupo de trabajo, creado el afecto, en el que se expusieran las deficiencias del actual sistema.
Solamente Cataluña y Andalucía enviaron dichos documentos y, a finales de diciembre de 2006, la Administración estatal remitió a todas las autonomías un documento sobre la vigente problemática. En base a este trabajo, el Gobierno de Canarias calcula que, entre 2001 y 2006, el Archipiélago ha perdido unos 730 millones de euros al no actualizarse el crecimiento demográfico desde 1999.
El Ministerio de Solbes informa que el proceso de análisis de la problemática existente ya ha comenzado. En el CPFF de finales del pasado mes de febrero, se acordó la aprobación de un "nuevo" mandato al grupo de trabajo de población para que, en el plazo de seis meses, es decir, el próximo mes de julio; "emita" un informe sobre el "impacto" de la inmigración sobre el sistema de financiación, tal y como se acordó en la III Conferencia de Presidentes, del pasado mes de enero.
No obstante, en el documento elaborado por la Administración estatal sobre la problemática del modelo actual se dice expresamente que el debate "no debería consistir en una discusión sobre los nuevos recursos que deba aportar la Administración General del Estado al sistema".
Un planteamiento que choca con las posiciones reiteradas, la semana pasada en el Parlamento, por el consejero regional en la materia, José Carlos Mauricio. El Gobierno canario, además de la actualización del criterio poblacional, exige un incremento del fondo interterritorial, el aumento de las inversiones estatales en las islas hasta la media nacional, una subida de la inversión sanitaria a través de la inclusión de los desplazados, la desaparición del extinto Impuesto del Tráfico de Empresas (ITE) y la potenciación de la variable de la insularidad.
Según Madrid, en la actualidad, una vez terminado el proceso de traspasos vinculados a las principales competencias asumidas por las autonomías, que se produjo en 2002 con las transferencias vinculadas a sanidad; el Estado "no dispone del margen de maniobra financiero con el que contaba en el momento de la aprobación de los anteriores sistemas de financiación".
En este sentido, agrega el documento estatal, la discusión debería centrarse en "equilibrar la capacidad" de las comunidades autónomas para "decidir sobre políticas de gasto y de ingreso", de forma que puedan "aumentar autónomamente sus ingresos cuando decidan incrementar sus políticas de gasto".
Para ello, según este documento, se deben diseñar mecanismos que compensen la evolución de los recursos de sistema a las "necesidades de financiación" de las políticas autonómicas de gasto derivadas, entre otras causas, de la variación de su población y en la existencia de una mayor cercanía entre el momento en el que los recursos se recaudan por el Estado y en el que se ponen a disposición de las autonomías.
FINANCIACIÓN LOCAL
Pedro Solbes anunció recientemente su compromiso de negociar la financiación local en paralelo con la autonómica. Este compromiso fue dado a conocer por la FEMP al hacer público un escrito ministerial en el que se expresaba la intención del Gobierno del PSOE de plantear la negociación en estos términos.
En la última ejecutiva de la FEMP, celebrada el mes pasado, se analizaron las propuestas de reforma de la financiación local. La federación propone un sistema fiscal propio y transferencias incondicionales de la Administración estatal a las comunidades autónomas además de un modelo dual de financiación, diferenciado por el tamaño de los municipios.
Estas iniciativas están recogidas en un documento en el que se realiza un diagnóstico del sistema de financiación local y se establecen propuestas para la reforma de dicho modelo.
El documento, elaborado por expertos, ha incorporado algunas sugerencias de la comisión de Haciendas Locales de la FEMP. Entre ellas, la que apunta que los municipios más pequeños podrían contar con un sistema de financiación que garantice su funcionamiento, independientemente de su capacidad fiscal.
Para los más grandes se plantea que se refuercen con un sistema de participación en las figuras tributarias más fácilmente territorializables y vinculadas a la capacidad económica de los ciudadanos.
Según la FEMP, el actual sistema de financiación de las haciendas locales "adolece de algunos defectos", entre ellos una estructura de ingresos poco flexible que impide la necesaria equivalencia entre los niveles de ingresos y el crecimiento económico que se produce en municipio.
Tampoco hay una correspondencia entre el nivel de los ingresos y la prestación de los servicios ni entre la naturaleza de los servicios y el sistema impositivo local, según la federación. De ahí que se señale la necesidad de una mayor aproximación entre fiscalidad local y variables económicas, como la renta y el consumo, frente al actual esquema de imposición sobre la propiedad.
