LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves la aplicación de una política de "seguridad y humanidad" en relación con la devolución de los inmigrantes que entran en España irregularmente.
En este sentido, ha incidido en que un Estado "no puede omitir la conducta" violenta de inmigrantes contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si bien recalcó que debe responder "siempre" en términos legales y de respeto a los derechos, asegurando que todas las devoluciones tienen asistencia letrada.
Así, al ser cuestionado en rueda de prensa por informaciones que apuntan al traslado en autobuses de inmigrantes hacia la frontera de Francia, dijo no tener "constancia y no se hacen esas conductas de llevar inmigrantes". "Ni me constan ni se materializan en los términos de dejar a nadie en ninguna frontera", apostilló.
Agregó que el Gobierno de España lleva a cabo una política migratoria de seguridad --en el sentido de control de los flujos migratorios-- y de derechos humanos.
En cuanto a la posibilidad de que los menores que llegan a España irregularmente vuelvan a su país de origen con sus familiares, admitió que se trata de un tema "mucho más complicado" aunque afirmó que trabajan en ello. En este sentido, matizó que el índice "más importante" de menores no acompañados procede de Marruecos, y añadió que estudian con los países de origen la posibilidad de que los menores vuelvan "siempre que se garantice el interés del menor".
"NO EXISTE EFECTO LLAMADA, EXISTE EFECTO HUIDA"
Grande-Marlaska también ha incidido este jueves, durante un desayuno informativo de la Ser, que en el marco de la migración "no existe efecto llamada, existe el efecto huída", de ahí que defendió el trabajo con los países de origen y en este marco avanzó que en este mes de enero viajará, "por primera vez un ministro", a Gambia y a Guinea Conakri.
De todos modos, subrayó que España "necesita" inmigración para mantener su riqueza, la población, "no es una amenaza al estado de bienestar" aunque admitió que hay que abordarla desde políticas que "respeten las leyes nacionales, los tratados internacionales y los derechos humanos".
Así defendió una inmigración "ordenada y regulada para impedir a las mafias lucrarse", pero también "ordenada y controlada para garantizar" los derechos de todos.
Grande-Marlaska aprovechó para exponer los datos de inmigrantes llegados a Canarias, afirmando que entre los años 2017 y 2018 se produjo un "incremento importante", ya que se pasó de los algo más de 400 inmigrantes irregulares que llegaron al archipiélago por vía marítima en el año 2017 a los 1.307 que alcanzaron las costas en 2018.
En este sentido, apuntó que comparativamente el dato entre un año y otro "sí es importante pero el número real no es algo inasumible en parámetros de lo que han sido otros años".
Al respecto, agregó que gracias a los grupos de investigación que España tiene en Mauritania y Senegal, se han interceptado "muchos cayucos, pateras" que salían para Canarias, "más de 1.000 inmigrantes" irregulares interceptados y detenidas distintas personas de redes de inmigrantes en Mauritania.
También consideró que partidos como VOX cuando piden la expulsión de inmigrantes ilegales están "atacando a los instintos primarios de la sociedad", a personas que han sufrido o siguen sufriendo la crisis económica, siendo ahí "muy fácil buscar el caldo de cultivo". A su entender la forma de luchar contra este tipo de mensajes "xenófobos y populista" es a través de presupuestos "más sociales", con nuevos modelos económicos.
EL SIVE FUNCIONA PERO "NO EN LA PLENITUD"
Por otro lado, al ser cuestionado por el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Lanzarote aseguró que "funciona" aunque "no en la plenitud", si bien manifestó que está prevista la ampliación del mismo.
En este sentido, indicó que está aprobado el mantenimiento de las instalaciones del SIVE pero en relación a las nuevas estaciones acordadas y contratadas, apuntó, que había una de ellas que el Cabildo de Lanzarote por "cuestiones técnicas, ambientales, etc, no dio la licencia oportuna para la instalación".
Esto, dijo, motivó que el Gobierno central tuviera que realizar una modificación para que autorizara la "recepción de la obra y el funcionamiento" porque el contrato "ya no es el mismo", de tal forma que señaló que lo que está pendiente es la ampliación de las estaciones.
Finalmente, cuestionado por una ley sobre trata, aseguró que se trabaja en una norma integral aunque indicó que existen instrumentos legales y operativos para luchar contra ello porque es una de las "grandes lacras" a las que hay que enfrentarse tras el tráfico de las organizaciones de drogas y armas.
