Millenium ve frustrada de momento su entrada en España, tras la suspensión de la licencia para construir un hotel de 4 estrellas bajo su enseña en Costa Teguise (Lanzarote)
Dos de los hoteles de Lanzarote con riesgo de derribo cuentan con la 'Q' de calidad turística española, entre ellos el de Sol Meliá
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La multinacional hotelera H10 y los gigantes españoles Sol Meliá e Iberostar cuentan con hoteles declarados ilegales por la justicia en Lanzarote, en las islas Canarias, por efecto de varias sentencias judiciales que consideran el incumplimiento del plan insular de ordenación territorial, según datos del Cabildo de Lanzarote recogidos por Europa Press.
La peor situación es para Iberostar, que cuenta con tres de sus cinco establecimientos vacacionales en la isla considerados ilegales. Se trata del 'Hotel Iberostar Papagayo', sobre el que el TSJC revocó licencia en junio de 2008 por la falta del informe preceptivo del Cabildo lanzaroteño y sobre el que no consta recurso, según los datos de la institución insular.
Además, el grupo empresarial mallorquín también ha visto como declaraban ilegales dos complejos de apartamentos en Lanzarote. Se trata del 'Iberostar Papagayo Park' y del 'Iberostar La Bocayna', con sentencias en 2007 por ineficacia del planeamiento y de 2008 por ineficacia respecto al Plan Parcial de ordenación, respectivamente.
El 'Hotel Iberostar Papagayo', que presume en su página web de estar "directamente encima del mar, a sólo 15 minutos a pie de la Playa de Papagayos", cuenta con una categoría de 4 estrellas, mientras que los 'Apartamentos Iberostar Papagayo Park' e 'Iberostar La Bocayna' enarbolan las 4 llaves.
En el caso de H10 se trata del 'Hotel Rubicón Palace', cuyo caso va ya por la segunda apelación --presentada el 07-05-2008 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)--. La primera sentencia en contra de este hotel fue en 2007, a la que le siguió una apelación, también con ejecución en contra en abril de este mismo año, al entender que la parcela sobre la que se ubica no tenía condición de solar.
El hotel H10, de 4 estrellas, se encuentra en primera linea de mar, en el pueblo de pescadores de Playa Blanca, al sur de la isla de Lanzarote. El hotel tiene instalaciones para la práctica de todo tipo de deportes, actividades para niños y adultos, y centro de talasoterapia, y de Salud y Belleza.
La española Sol Meliá, en su caso, cuenta en la isla de Lanzarote con el 'Hotel Meliá Volcán', sobre el que el TSJC emitió sentencia revocando su licencia el pasado 21-05-2008 por la omisión del informe previo, preceptivo y vinculante de compatibilidad con Plan Insular, que debía realizar el Cabildo de Lanzarote, y la falta también del informe jurídico municipal, pues el que existe es sólo de procedimiento.
Este hotel de 5 estrellas Lujo del grupo español, con 206 habitaciones, se encuentra a un kilómetro de Playa Blanca y a varios minutos de las playas de Papagayo y fue diseñado con patios y plazas tradicionales en su interior.
Además, tanto este hotel de Sol Meliá como el 'Princesa Yaiza Suite Hotel Resort', otro establecimiento declarado ilegal, cuentan con la marca 'Q' de calidad turística española, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.
PARALIZACIÓN A UN HOTEL DE MILLENIUM
Otra de las licencias revocadas por la justicia canaria afectan a la multinacional Millenium, que proyectaba un hotel de 4 estrellas en Costa Teguise y que habría supuesto el primer hotel de esta marca en España. La providencia de Ejecución de esta sentencia del TSJC tiene fecha del 25 de junio de 2008 y supone que el proyecto no puede ser ejecutado.
Además, también otras cadenas hoteleras se han visto perjudicadas por sentencias que declaran ilegales sus licencias de construcción y explotación, como Hipotels, con el Hotel Natura Palace de 4 estrellas; Sandos, con el Hotel Papagayo Arena (4 estrellas), y el Hotel Dream Gran Castillo (5 estrellas) de Dream Place, que cuenta con hoteles en Lanzarote y Fuerteventura.
EL CABILDO LOS CONSIDERA "ABOCADOS A SU DEMOLICIÓN"
El Cabildo de Lanzarote explica en un informe jurídico que si las obras no han comenzado, los proyectos no pueden ser ejecutados y que en caso de que ya estén completadas y en explotación, caso de la mayoría, ha de restablecerse "el orden jurídico perturbado" bien mediante la legalización de la edificación si ésta cumple con los requisitos del plan insular, o bien mediante la "reposición a su estado originario de la realidad física alterada", o lo que es lo mismo, su "demolición".
Los 22 establecimientos considerados con licencia anulada son considerados por la primera institución insular como "incompatibles con la ordenación vigente en el momento en que se otorgó la licencia" y los califica a todos de "ilegalizables", por lo que "están abocados a su demolición".
En todo caso, el Cabildo abre una vía para modificar el ordenamiento y admitir la legalización de estos establecimientos, siempre y cuando "se fundamente en una sólida justificación desde el punto de vista de la ordenación insular y la satisfacción de los intereses generales que permita alcanzar los objetivos de aquella mediante desclasificación de camas o suelos turísticos, mejora de los equipamientos complementarios, ralentización de los desarrollos, cualificación de la oferta, etc".
Además, recuerda que la modificación del marco normativo insular "tendría que hacerse con la participación del Cabildo y el Gobierno de Canarias, al que correspondería su aprobación definitiva".
LOS EMPRESARIOS LO VEN "CADA VEZ MÁS DIFICIL"
El presidente de la patronal turística de Lanzarote Asolan, Francisco Armas, afirmó este jueves que ve "cada vez más lejos" una posible salida para los 22 proyectos turísticos anulados por los tribunales de justicia y ha sostenido que el informe jurídico del Cabildo sobre los hoteles "no contribuye a solucionar el problema" que hay en Lanzarote.
El presidente de la asociación de hoteleros se mostró defraudado con la presidenta del Cabildo, la socialista Manuela Armas, que les tendió "la mano" y "dijo que había voluntad firme" de que los detalles no trascendieran "a la opinión pública", según el periódico digital diariodelanzarote.com. "Nos decía que tenía una voluntad clara y nos emplazaba a reuniones que se perdieron en el tiempo", garantizó.
Armas aseguró que la patronal no defiende "ningún tipo de ilegalidad" e insistió en que "el que sea ilegal o ilegalizable que no se ampare", pero que no se generalice sobre la totalidad de los casos.
