LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente del Gobierno central, Cristina Narbona, advirtió hoy que Madrid podría actuar contra las administraciones isleñas si incumplen la legalidad urbanística y medioambiental y recordó que en ese cometido será fundamental la nueva Fiscalía de Delitos Urbanísticos y Ecológicos de próxima creación que tendrá entre sus funciones la de penalizar a aquellas administraciones, o bien empresas públicas y privadas, que no respeten la legalidad vigente en materia urbanística y medioambiental a nivel estatal.
Narbona recordó que Canarias es una de las regiones españolas con "mayor presión urbanística" del Estado y abogó por "frenar los efectos negativos de la excesiva ocupación de suelo" en el Archipiélago, ya sea ésta para uso turístico o residencial.
La ministra entonó el 'mea culpa' al reconocer que el propio Gobierno nacional está también entre las administraciones españolas que incumplen las leyes medioambientales de la Unión Europea (UE), y destacó que uno de sus objetivos prioritarios es acabar con esa práctica política en la generalidad de las administraciones públicas del país, incluidas las canarias.
Narbona reconoció que las actuaciones de años atrás en ese sentido han dañado las costas y el litoral del Estado y avanzó que pronto será una realidad la citada Fiscalía que podrá actuar y sancionar a instancias de denuncias presentadas por los ciudadanos o por colectivos vecinales o ecologistas.
Subrayó que persigue "una menor tolerancia con los incumplimientos" de la legalidad urbanística y medioambiental en nuestro país y reiteró el conocido mensaje de que "el que contamina, paga" a través de las sanciones económicas correspondientes que serán impuestas por la citada nueva Fiscalía.
La ministra admitió que existen "ciertos agujeros negros en la presión urbanística" sobre Canarias en particular y sobre el Estado en general que precisarán de su oportuna corrección sancionadora y apostilló que las administraciones isleñas y estatales deben tener "más disciplina" en el cumplimiento de las leyes urbanísticas y medioambientales con el fin que "no se den más a nivel de todo el Estado las situaciones no deseables" a ese respecto de años atrás.
