SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Arona, en el sur de Tenerife, dependiente de la Concejalía de Sanidad y Consumo, que dirige Clara María Pérez, ha recibido en los últimos seis meses del pasado año, que coinciden con su reapertura, más de 300 quejas.
Así, durante estos meses, han entrado en la OMIC, según informó en un comunicado, a través de los Servicios de Atención Ciudadana 312 reclamaciones, de las que un 35 por ciento se encuentran en fase de iniciación, un 26 por ciento de tramitación y un 39 por ciento en fase de terminación.
En este sentido, si analizamos por meses la entrada de reclamaciones se ha repartido por igual, destacando el mes de septiembre con un 26 por ciento de las reclamaciones, octubre y diciembre con un 20 por ciento y los meses de agosto y noviembre con un 17 por ciento.
Desde el punto de vista de los temas reclamados se observa que el 50 por ciento de las quejas presentadas están relacionadas con las telecomunicaciones como telefonía móvil y fija, y canal satélite, entre otros. Asimismo, destacan las reivindicaciones correspondientes a vehículos y talleres con un 7 por ciento, entidades financieras y aviación civil con un 5 por ciento, agencias de viajes y depuradoras de agua con un 4 por ciento y comercios de imagen y sonido con un 3 por ciento, siendo el resto de las mismas referidas a otros tipos de actividades.
Por otro lado, la responsable del área, Clara María Pérez, resaltó la importancia de este servicio, que cuenta con una subvención de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, ya que "vivimos en una sociedad en la que el consumo es el motor de la misma, y por tanto es conveniente que nuestros vecinos estén informados y en caso de abusos tengan los medios y el asesoramiento necesarios para presentar sus reclamaciones".
Al respecto, recordó que entre las funciones de la OMIC están la atención, información y asesoramiento a los consumidores y usuarios acerca de sus derechos en materia de consumo, la recepción de las reclamaciones y denuncias en materias de consumo y traslado de las mismas, en su caso, al órgano administrativo competente para su resolución, además de propiciar sistemas de resolución voluntaria de las reclamaciones, educar y formar individual y colectivamente a los usuarios, y el reparto de las hojas de reclamaciones para los establecimientos.
Agregó, que otro objetivo es promocionar la adhesión por parte de los empresarios al Sistema de Arbitraje de Consumo, un sistema de resolución entre consumidores y empresas o profesionales, completamente gratuito, voluntario, extrajudicial y vinculante.
